Guatemala inició la transición presidencial con la OEA como testigo: los desafíos para la nueva misión del organismo en el país
La semana pasada, Bernardo Arévalo denunció que existe “en curso un golpe de Estado” protagonizado por la fiscal general, Consuelo Porras, para evitar que asuma la presidencia en 2024
A comienzos de agosto el secretario general fue invitado por el gobierno de Giammattei para realizar una misión antes de que se realizara el balotaje y allí jugó un papel diplomático. Se reunió con todos los actores políticos, escuchó al gobierno en ejercicio, a los dos candidatos, al TSE, a la fiscal general, al fiscal que lleva adelante los casos contra Semilla, a legisladores de diferentes partidos y a la Corte Constitucional.
Durante la semana que duró esa primera misión evitó realizar comentarios o apreciaciones que pudieran afectar el resultado de la misión, que logró llevarse un compromiso de todos los actores de que las elecciones se realizarían sin interferencias y en calma.
Ese compromiso fue cumplido y el 20 de agosto Arévalo fue electo presidente. Pero apenas días después, reiniciaron los ataques del Ministerio Público al partido de Arévalo, a los que se sumaron también acciones de la bancada oficialista en el Congreso, al declarar a los legisladores del Movimiento Semilla como independientes, limitando así algunas de las acciones propias de los congresistas.
Luego de esto, la OEA levantó la voz y cuestionó duramente los episodios, al igual que lo hizo la semana pasada en una sesión que por momentos fue muy tensa.
El cambio de rol
En la última sesión del Consejo Permanente de la OEA, Almagro dejó claro que su rol no será pararse en el medio de dos rivales políticos enfrentados, sino que irá a defender que Arévalo pueda recibir el mando en enero sin problemas.
“Para la secretaría general es fundamental que se llegue a enero en paz. Sin más judicializaciones. Y que las judicializaciones no tengan puntería política”, dijo Almagro, en una crítica explícita al Ministerio Público.
Luego fue más allá y criticó la suspensión del Movimiento Semilla, acción que, aseguró, “elimina las seguridades jurídicas en las que se basa el estado de derecho”.
“El éxito de la democracia en Guatemala depende de que el presidente electo Arévalo asuma el poder el 14 de enero. Cualquier otra opción no es de recibo. Los compromisos asumidos en ese sentido son fundamentales”, agregó Almagro.
Pero el secretario general tendrá el desafío también de cumplir con el mandato que le dio el Consejo Permanente en la misma resolución en la que cuestiona las acciones de “intimidación” de la Fiscalía al Tribunal Electoral y al gobierno electo.
En esa línea, Almagro llega a Guatemala no con la misión de escuchar y componer, como hace un mes, sino de observar de manera crítica y ayudar a Arévalo a defender la democracia y la transición. La misión tendrá presencia hasta enero y también aportará en asuntos jurídicos, presupuestales y de derechos humanos.
Las dudas sobre el nuevo rol del gobierno de Giammattei
En algunos países de la OEA también quedó la duda en las últimas horas qué rol jugará el Poder Ejecutivo en esta disputa, según pudo saber Infobae.
Si bien hasta ahora el Poder Ejecutivo de Giammattei se había intentado mantener al margen de la interferencia electoral liderada por el Ministerio Público, en medio de un acalorado debate el viernes en la sede de la OEA el canciller Mario Búcaro terminó defendiendo las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, partido del presidente electo.
Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, que son quienes han llevado adelante las acciones contra el Movimiento Semilla y los integrantes del Tribunal Electoral, están acusados por Estados Unidos de actos de corrupción.
Al citar un comunicado de prensa del 31 de agosto del Ministerio Público, el canciller defendió la actuación de Porras y su equipo. “El Ministerio Público de Guatemala dice claramente que es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional o internacional, cuya función es investigar todos los hechos denunciados por la ciudadanía guatemalteca”, dijo Búcaro.
Citando el Ministerio Público, Búcaro dijo que lo que hacen es investigar “en estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico guatemalteco” y agregó, ya sin citar a nadie, que lo que ha sucedido en su país son “campañas de desinformación que han confundido al pueblo de Guatemala”.
