Fiscales dicen que “van por delante y sin protección” en la pesquisa contra Marset
La autoridad reveló, de este modo, su preocupación por la falta de protección de los fiscales que también siguen los pasos del delincuente prófugo. Además, exteriorizó esta inquietud a raíz de las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien el lunes dijo que surgieron “trabas”, precisamente en el Ministerio Público y algunos jueces a la hora de ejecutar allanamientos clave. El ministro tampoco puso las manos al fuego por agentes de la Policía que pudieron haber ayudado a escapar a Marset.
“Si bien nos exponemos como fiscales a investigar circunstancias muy delicadas, a organizaciones muy delicadas, en las que va por delante el fiscal, simplemente con su traza, sin ninguna protección, con su uniforme de la Fiscalía, hemos cumplido con la normativa vigente” afirmó Mariaca, poco después de asegurar que el personal de la Fiscalía está disponible para realizar los operativos junto a la Policía, pero con la autorización de un juez “para cumplir con el debido proceso”. Del Castillo se había quejado porque los agentes de la Policía llegaron 48 horas tarde a una propiedad donde el delincuente uruguayo se había alojado temporalmente junto a su familia por efecto de esas “trabas”.
“En ese lugar Marset habría grabado el primer video y donde se había trasladado con parte de su familia, pero cuando solicitamos los allanamientos, hemos encontrado bastantes deficiencias, trabas y negligencias”, cuestionó.
Hasta ayer, cerca de 90 propiedades urbanas y rurales fueron allanadas para dar con Marset y al mismo tiempo para afectar los negocios vinculados con el lavado de dinero del tráfico de drogas.
“Hay que saber diferenciar a quien le corresponde el tema preventivo y a quien le corresponden las investigaciones”, respondió ayer el fiscal de Santa Cruz. Además insistió al explicar que “se realizaron todos los actuados investigativos de forma oportuna”.
Entre otros cargos internacionales, Marset está implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci, quien tuvo a su cargo la investigación para desmantelar una de las redes corporativas del narcotráfico más grandes del planeta. De hecho, Marset controlaba el puente aéreo del narco entre Bolivia y Paraguay, además del trasiego de estupefacientes a través de la hidrovía con destino a puertos del Pacífico, según informes de la Inteligencia de la Policía paraguaya.
Mariaca recordó que Marset tiene cargos por falsedad material, asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas, lesiones graves y secuestro. Esta última acusación está vinculada con la agresión que sufrieron los policías el 29 de julio, la fecha que Marset salió del radar policial.
“Todavía creemos que está dentro de Bolivia”, apuntó el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, que recordó “la particularidad” de la custodia paramilitar que tiene este delincuente. Este factor, según fuentes policiales, ha sido analizado con preocupación debido a los riesgos de un posible enfrentamiento armado. Este peligro existió desde el día cero y, eventualmente, en alguno de los allanamientos que se hizo en Santa Cruz de la Sierra.
“Hay varias hipótesis que estamos manejando y no descartamos ninguna. Esta persona estuvo bien protegida con elementos de seguridad”, dijo Álvarez el lunes en un contacto con la prensa.
Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló que el operativo León 23, tal como fueron bautizadas las acciones para atrapar al narcotraficante, se desarrolla sobre la base de tres probabilidades, dos de ellas, según dijo, tienen que ver con su permanencia en el país y una sola con la fuga a otra nación.
Al respecto, el comandante Álvarez destacó que las operaciones se acentuaron en los departamentos de Santa Cruz y el Beni, regiones donde también se detuvo a unas 20 personas vinculadas a la “estructura nacional” que armó Marset para controlar el negocio ilícito de la cocaína desde el país.
“Seguimos con las investigaciones, desde el mismo día en que se entabló este caso. En efecto, hay 30 días en los que se trabajó arduamente y se va a seguir trabajando. No hemos conseguido el resultado esperado de la detención (de Marset), pero eso no quiere decir que no sigamos investigando”, dijo el fiscal Julio Porras, uno de los investigadores que fue asignado a este caso.
Eso sí, la autoridad rechazó las dudas expuestas por Del Castillo sobre la actuación de la Fiscalía. “Por supuesto que las rechazamos”, afirmó Porras, quien también reconoció los riesgos de esta pesquisa, quizá una de las más complejas que enfrentó el Ministerio Público en los últimos años.
Precisamente, a raíz de los reclamos del Ministro de Gobierno los fiscales expresaron su preocupación. Aseguraron que todas las acciones ejecutadas fueron “transparentes y objetivas”. De este modo, confirmaron la distancia sobre la postura del Gobierno.
Sebastián Marset también usó tres identidades para afincarse en Santa Cruz de la Sierra. Incluyendo su nombre real, además de una identidad boliviana (Gabriel De Souza Beumer) y otra brasileña (Luis Paulo Amorín Santos). Esta falsificación generó ortra causa penal que implicó a funcionarios públicos de tres instituciones.
En este contexto, la fiscal Mariela Toledo informó ayer que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y Migración se sumaron a la denuncia. La querella también implicó a Gianina García Troche, esposa de Marset.
Toledo indicó que “varios funcionarios del Segip ya han declarado en calidad de testigos”. En ese contexto, explicó que la investigación busca establecer grados de responsabilidad sobre quienes permitieron que el narcotraficante uruguayo obtenga nacionalidad boliviana. En julio, declaró Noemí Barboza Achacollo, quien trabajó en Migración. Es una de las hijas de Nemesia Achacollo, ministra durante la gestión presidencial de Evo Morales Ayma.
El lunes, en su exposición sobre los “avances cualitativos” de la búsqueda del narcotraficante, el ministro de Gobierno no enfatizó en la cantidad de funcionarios públicos investigados en este caso, pero anunció acciones de contrainteligencia, incluso con la participación de personal civil.
Del Castillo, adelantó que en caso de encontrar efectivos policiales o algunos elementos y personas que favorecieron a la fuga de Marset, serán aprehendidos. “Sean policías, fiscales o jueces que han ayudado a que no encontremos a Marset, van a ser procesados”, advirtió la autoridad.
