El camino de piedras que espera a Bernardo Arévalo: bloqueo político, acoso judicial y amenazas a su vida
El presidente electo de Guatemala ya denunció el hostigamiento de pandillas y grupos ultraconservadores que desean evitar su asunción programada para el próximo 14 de enero
La lista de quienes siguen batallando para obstaculizar e incluso impedir una transición ordenada en el Poder Ejecutivo y, en última instancia, la juramentación de Arévalo como presidente el próximo 14 de enero a las 2:00 p.m. incluyen al Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras, aliada política del mandatario saliente, Alejandro Giammattei, y un sector del Órgano Judicial, incluido el juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana.
También se cuentan, en el grupo de detractores, la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, su presidente Ricardo Méndez Ruiz y el abogado Raúl Falla Ovalle, además de cuentas de piratas cibernéticos, conocidos en Guatemala como netcenters, que según investigaciones de la misma fiscalía guatemalteca y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) están relacionadas con los sectores más conservadores del poder económico guatemalteco.
Arévalo y Karin Herrera, la vicepresidenta electa, denunciaron a la mayoría de estos actores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), con sede en Washington, y los señalaron de estar relacionados con acoso cibernético, seguimientos, exposición de datos personales y “amenazas que incluyen la existencia de dos planes para atentar en contra de sus vidas e integridad, uno incluso notificado por fiscales”.
La misma noche de la victoria de Semilla en segunda vuelta, el 20 de agosto, un grupo de fiscales se presentó a una conferencia de prensa de Arévalo y Herrera para informarles que el Ministerio Público (MP) había detectado un plan de “pandilleros” para atentar contra el presidente y la vicepresidenta electos. El entorno de Semilla, sin embargo, ha dicho que antes del balotaje los equipos de seguridad de Arévalo habían informado de un plan de atentando más grave, planificado por “agentes del Estado”.
Una investigadora guatemalteca que trabajó con el MP y hoy es asesora en temas de seguridad política y personal, y quien tiene acceso al entorno de Semilla, cree que la versión de las pandillas es una cortina de humo, y que el peligro real viene de las mismas entrañas del Estado guatemalteco. “Es un solo plan y es de la misma gente asociada al pacto de corruptos”, dice la investigadora, quien habló desde al anonimato por razones de seguridad, en referencia al pacto de políticos, funcionarios y empresarios que gobiernan Guatemala desde la década pasada, y que incluye al actual presidente, Alejandro Giammattei.
La CIDH, dando por válidas las denuncias hechas por Arévalo, Herrera y Semilla, otorgó medidas cautelares a los funcionarios electos. Mientras, Giammattei ofrecía una transición ordenada de poder.
Ya otros analistas y políticos guatemaltecos habían advertido de la posibilidad de que los sectores más radicales de la derecha y entre quienes aún controlan el Estado pensaran en la posibilidad de un atentado a Arévalo para detener el cambio de signo en el Ejecutivo guatemalteco. Uno de ellos es Jordán Rodas, ex procurador de derechos humanos exiliado tras ser perseguido por los mismos actores que hoy arremeten contra Semilla: “Temo por la vida de Bernardo”, había dicho Rodas en una entrevista realizada en Washington unas semanas antes.
Aunque la denuncia de Arévalo no es la primera que habla del MP de Consuelo Porras, de la Fundación contra el Terrorismo y de su aparato de piratas cibernéticos como protagonistas de persecución política basada en la judicialización de casos espurios o de acoso físico y digital, sí es hasta ahora la más visible. Desde que ganaron por más de 20 puntos a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Arévalo y Semilla han recibido atención y apoyo de la comunidad internacional, incluido el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos.
Ya antes, ex fiscales y ex investigadores que habían fortalecido casos judiciales contra el presidente Giammattei, poderosos empresarios guatemaltecos acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito y contra operadores políticos y ex funcionarios denunciaron el mismo patrón de acosos del que hoy habla el presidente electo. Uno de los principales efectos de esa persecución ha sido el exilio impuesto a más de una treintena de ex operadores de justicia y al menos una docena de periodistas guatemaltecos.
Una de las que denunció a los mismos actores de los que hoy habla ante la CIDH Bernardo Arévalo, el presidente electo, es Leily Santizo, una ex investigadora de la CICIG que ayudó a poner en la cárcel a militares corruptos, narcotraficantes y sicarios políticos. Los casos que ella denunció han muerto en el Ministerio Público que controla Consuelo Porras, la aliada política de Giammattei.
Analistas guatemaltecos consultados creen que la persecución del MP y de Porras al presidente electo y su partido no cesará a pesar de la victoria del 20 de agosto y que será este acoso uno de los principales obstáculos para la transición y de gobernabilidad. “Van contra ellos”, dijo a Infobae Juan Francisco Sandoval, ex fiscal anticorrupción y uno de los exiliados en Washington por investigar a Giammattei en dos casos, uno por un supuesto soborno millonario entregado por mineros rusos y kazajos al presidente y otro por coimas recibidas de ex funcionarios.
El MP, de hecho, ha insistido en que los fundadores de Semilla cometieron fraude a la hora de recoger firmas de ciudadanos para inscribir al partido y han allanado sedes del movimiento político en Ciudad de Guatemala. En los últimos días, además, los fiscales dirigidos por Porras han pedido información de fiscales electorales para iniciar investigaciones por supuesto fraude. Todo esto ha sido acompañado por publicaciones de la Fundación contra el Terrorismo y sus cuentas digitales acólitas que repiten los argumentos del MP.
En una entrevista que concedió horas después de ganar la presidencia, Arévalo reconoció la amenaza institucional a la que se enfrenta, pero recordó que desde el próximo enero él será el jefe del Ejecutivo. “La fiscal general… el fiscal Rafael Curruchiche, el juzgado séptimo, con el juez (Fredy) Orellana… son piezas de un sistema que no se mueve autónomamente. Desde el Ejecutivo se va a dejar de usar esas herramientas como herramientas de persecución política”, dijo Arévalo a la cadena CNN en una clara alusión a la alianza actual entre Porras y Giammattei.
La historiadora y editora Quimmy Deleón reconoce las amenazas, pero cree que la elección de Arévalo y Semilla ha cambiado algo en Guatemala respecto a elecciones anteriores en que la gente votaba por “lo menos peor”. “Hay una postura antisistémica y crítica. La gente venció el miedo y ya no acepta la criminalización”, dijo Deleón en un panel sobre las elecciones guatemaltecas organizado en Estados Unidos por Alianza América. La victoria de Semilla, dice la editora, es “un rechazo al régimen del miedo representado por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche”, el jefe fiscal que ha sido punta de lanza en los procesos de persecución judicial a opositores y críticos de quienes hasta ahora han gobernado el país.
El mismo Arévalo pone en la ciudadanía una de las principales garantías de gobernabilidad. “La contundencia del voto va a cambiar el escenario, las acciones de estos actores serán más complicadas”, dijo.
Los principales retos de un partido antisistema
La persecución judicial y el acoso son, sin embargo, solo los quebraderos de cabeza más inmediatos para el nuevo gobierno electo. Luego viene el asunto de la gobernabilidad. El primer escenario previsible de confrontación será el Congreso.
Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganaron la elección de forma indiscutible. Se agenciaron mayorías en los departamentos más poblados del país, en los centros urbanos y entre el voto joven. En total, 17 de las 22 provincias. La fórmula de Semilla pasó de no aparecer en las encuestas a ganar la presidencia en segunda vuelta con 2.44 millones de votos, la segunda cifra más alta en la historia democrática reciente de Guatemala, que inició en los años 80.
En el Congreso, Semilla pasó de tener un puñado de diputados a ocupar 23 sillas, un crecimiento importante pero más bien irrelevante en términos de aritmética política. Los partidos prosistema, incluido el de presidente Giammattei, ganaron suficientes votos para hacer imposible a Arévalo el paso de leyes, aprobación de presupuestos o elección de funcionarios de segundo grado. Vamos, el partido de Giammattei, obtuvo 39 escaños, a los que se suman 28 de la UNE y Sandra Torres y 12 de la ultraderecha; con esos votos y otros de partidos pequeños alineados el conservadurismo puede bloquear el gobierno de Arévalo.
La casa de análisis Diestra, de derecha moderada y relacionada con el sector privado menos conservador del país, prevé que, con esos números, Arévalo se verá forzado “a moderar su agenda para lograr algunos acuerdos” de gobernabilidad. Un analista guatemalteco que ha trabajado para el influyente sector privado, y quien habló desde el anonimato para poder hacerlo con candidez, aseguró que ya los representantes más progresistas de las poderosas pero heterogéneas cámaras industriales, comerciales y de empresarios, reunidas en el CACIF, han tendido puentes al nuevo gobierno.
“Arévalo tiene que tender puentes a ese sector del CACIF (como se conoce a la asociación que reúne a todos los intereses privados del país). No puede hablar con los narcos y corruptos que ahora gobiernan; la mejor apuesta son los privados”, dice el analista.
Diestra, la casa de análisis, asegura en un informe publicado la semana anterior que el triunfo de Arévalo trae ventajas al sector privado, entre las que enumera: “Interlocución más técnica con el Ejecutivo, revisión de contratos públicos señalados de corrupción en medicamentos e infraestructura, quitar el cobro de “diezmos” en puestos públicos, mejorar el sistema de compras del Estado y una mejor prensa internacional que pueda resultar en mayor inversión extranjera”, entre otras.
De acuerdo con ese análisis, los riesgos asociados al nuevo gobierno tienen que ver con la posibilidad de que Arévalo adopte políticas públicas más cercanas a la social democracia y a la izquierda, y que a la postre impliquen mayores marcos regulatorios para la empresa privada, fortalecimiento de la superintendencia tributaria, restricciones en temas ambientales, mineros y de energía.
Semilla es un partido pequeño, con apenas miembros para poblar el gabinete de gobierno, por lo que es ahí, en la conformación del equipo que acompañará al presidente electo, que se centran las especulaciones en Guatemala. Algunos nombres que han sonado son el de Jonathan Menkos, un economista de signo progresista que es cercano al presidente electo; Francisco Rivas, un ex ministro de Gobernación respetado en sectores académicos y en la fuerza pública, pero señalado por la izquierda de ser muy cercano a Washington, y Ana Patricia Orantes, fundadora del partido y tecnócrata en el sistema de Naciones Unidas.
Más allá de las señales que pueda enviar al sector privado, sobre Arévalo y Semilla pesa la expectativa de un electorado que, de acuerdo con la analista y editora Quimmy Deleón, está harto de la cooptación del Estado y la persecución de opositores ejercida desde el Ejecutivo y el Ministerio Público.
Marco Castillo, director de Global Exchange y observador de las elecciones guatemaltecas, coincide que el apoyo electoral da a Semilla un capital político importante, pero advierte que la debilidad del partido en el Congreso puede “forzar” a Arévalo a negociar con grupos adversos. Ante eso, dice Castillo, los apoyos de la comunidad internacional y de la ciudadanía al presidente electo son indispensables. “Vienen meses adversos”, opina.
Castillo cree, además, que el éxito de Arévalo puede ser importante en una región que, como la centroamericana, ha estado marcada en los últimos tiempos por el ascenso del autoritarismo y el populismo. “Frente a la toxicidad de personajes que sostienen sus campañas en el teatro y la performance llenas de promesas, desde Trump, pasando por El Salvador y Argentina, lo que sucede en Guatemala es lo contrario… (significa) no caer en la amenaza del modelo Bukele”, dijo Castillo en referencia al presidente de El Salvador, quien es muy popular pero es señalado por violaciones masivas a los derechos humanos y por la corrupción extendida en su gobierno.
Por ahora, guiños y posibles alianzas aparte, a Bernardo Arévalo le espera el reto inmediato de sobrevivir al acoso permanente de la fiscalía de su país y protegerse, incluso, de quienes quieren atentar contra su vida.
