El último intento para voltear el resultado de la elección en Guatemala parece fracasado
La fiscalía se quedó sola en su intento de revertir la elección presidencial con una sorpresiva investigación criminal para inhabilitar al Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo, el académico que dio la sorpresa en la primera vuelta y podría triunfar en el balotaje
El jefe fiscal Rafael Curruchiche, también calificado por el Departamento de Estado en Washington como funcionario corrupto, lo anunció en la cuenta de Twitter del Ministerio Público de Guatemala (MP) ya entrada la noche del miércoles 12 de julio: a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que él dirige, un juez suspendió la personería jurídica al Movimiento Semilla, de oposición, lo cual impedía a su binomio presidencial participar en la segunda vuelta programada para el próximo 20 de agosto contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
A diferencia de ocasiones anteriores en que todo el sistema de justicia se mostró unido en casos contra personas o instituciones que se han opuesto o criticado al gobierno guatemalteco, esta vez el Ministerio Público se quedó solo. Media hora después del anuncio de Curruchiche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de la elección del 25J y, entrada la tarde del jueves 13, los magistrados electorales anunciaron que no reconocían la suspensión de Semilla y mantenían su veredicto de que la segunda vuelta se realizará el próximo 20 de agosto.
La Corte de Constitucionalidad (CC), que unos días antes había entorpecido el proceso electoral al admitir un recurso que facilitó reconteos innecesarios de votos, esta vez también dio la espalda a quienes, como el MP, se empeñan en torpedear los resultados electorales. El jueves, pocas horas después del anuncio del fiscal Curruchiche, la CC admitió un amparo que congeló la decisión del juez que suspendió a Semilla. La corte, sin embargo, dejó abierto un espacio para que la investigación al partido de centro izquierda continúe en el futuro.
La tensión política había escalado en Guatemala tras la acción del Ministerio Público. Desde organizaciones sociales y gobiernos extranjeros llegaron reclamos de que el MP estaba poniendo en riesgo la estabilidad del país, su democracia, y de que estaba utilizando el derecho penal para criminalizar al único partido de oposición vigente en Guatemala, que además tiene buenas posibilidades de convertirse en el próximo gobierno.
En las calles se sumaron a los simpatizantes de Semilla colectivos artísticos, organizaciones sociales y representantes de comunidades indígenas a exigir respeto a los resultados electorales y la renuncia del fiscal Curruchiche y su jefa, la fiscal general Consuelo Porras. La concentración más numerosa ocurrió frente a las oficinas centrales del MP en el centro de la Ciudad de Guatemala.
Hubo momentos de tensión importantes, como cuando la fiscal Cinthia Monterroso, enviada de Curruchiche, ingresó con agentes armados a la sede del Registro de Ciudadanos del TSE a incautar documentación de Semilla o cuando, por orden presidencial, miembros del ejército acordonaron el palacio de gobierno en la capital.
Las condenas a lo actuado por los fiscales llegaron desde todos lados. Una de las reacciones internacionales más fuertes fue la de Washington, a través de Brian Nichols, el subsecretario asistente para el hemisferio occidental, quien acusó al MP de amenazar la democracia electoral de Guatemala. “Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, sentenció Nichols en un tuit.
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Hasta ahora, la posición de Estados Unidos sobre los asuntos de Guatemala había sido más bien cauta, pero las declaraciones de la administración Biden se han ido endureciendo tras la jornada del 25J y los diversos intentos del oficialismo por revertir el resultado electoral. En Washington, un funcionario legislativo del partido demócrata de Biden dijo a Infobae que la Casa Blanca ha sido bastante clara con los gobernantes guatemaltecos actuales respecto a las consecuencias negativas que una ruptura del orden impuesto por la voluntad popular podría tener.
Claudia Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala premiada en Estados Unidos por su labor anticorrupción, recordó en sus redes sociales que la ley de partidos políticos de su país prohíbe la suspensión de un partido “después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”.
La pretendida suspensión de Semilla, según Juan Francisco Sandoval, exjefe fiscal anti-impunidad exiliado en Washington tras ser perseguido por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, es inconstitucional.
“La segunda vuelta tenía que seguir vigente porque el TSE es la máxima autoridad electoral, la única que puede suspender y cancelar políticos. La ley electoral tiene rango constitucional, por ende sus disposiciones son superiores a cualquier norma ordinaria aplicada por el juez”, dijo Sandoval en charla con Infobae. La voluntad popular, alega el ex fiscal, “no puede supeditarse al capricho de una mafia que actúa por intermedio del MP corrupto de Consuelo Porras (la actual fiscal general)”.
Esta nueva intentona de anular los resultados electorales del 25J ocurre luego de que, a principios de julio, varios partidos de la órbita del oficialismo, incluido el del presidente Alejandro Giammattei, intentaron bloquear los resultados a través de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia al pedir una revisión de actas y posibles reconteos de votos basados en supuestas actas irregulares de escrutinio que no representaban ni el 0.5% del total. Este proceso había impedido que el TSE hiciera oficiales los resultados. Sin embargo, las altas cortes avalaron los resultados y el tribunal lo hizo oficiales el mismo jueves 13.
