Choquehuanca aboga por el fundador de Wikileaks y pide su liberación



La Paz, página Siete 
El vicepresidente David Choquehuanca abogó por la libertad del fundador de Wikileaks, Julian Assange, actualmente detenido en Reino Unido. En la actualidad, Assange lucha por evitar su extradición a Estados Unidos.

“El mundo necesita más periodistas con coraje, audacia y valentía. No a la persecución de la libertad de expresión, la verdad no debe ser encarcelada. ¡Libertad para Julian Assange!”, señaló Choquehuanca en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos acusa a Assange de colaborar con Chelsea Manning para quebrar el código de acceso a un sistema informático del Pentágono y obtener ficheros con información clasificada, que se publicó en Wikileaks entre 2010 y 2011. De momento, está imputado de 18 cargos, la mayoría por violación de la ley de espionaje de 1917, penables con un máximo de 175 años de prisión.

Assange -reporta EFE- está desde hace cuatro años en una cárcel de Londres, a la que ingresó después de que Ecuador le retirara el asilo político y lo expulsara de su embajada en la capital británica.

Fue detenido inicialmente en 2010, después que Wikileaks denunciara presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, a pedido de Suecia, que le consideraba sospechoso de presuntos delitos sexuales por los que nunca fue imputado.

Los comentarios

En los comentarios a la publicación de Choquehuanca, hay quienes lo criticaron y señalaron que el Gobierno es el primero en perseguir y enjuiciar periodistas.

“Pero en Bolivia enjuician periodistas violando la Ley de Imprenta” o “Miren quien habla. Si ya ni la pastillera del rincón puede protestar, porque pa’ dentro la meten y le inventan millones de juicios así que déjate de pavadas”, fueron algunas de las reacciones.

También cabe recordar que en abril pasado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) alertó sobre dos intentos de suprimir la libertad de expresión a través de dos proyectos del oficialismo proponen modificaciones en el Código Penal con el propósito de crear penas máximas de siete años de prisión por supuestos delitos “contra la dignidad” y por promover el racismo, pronunciar discursos de odio o incitar a la violencia.

“Un análisis simple lleva a concluir que existe el interés por restringir las opiniones libres, evitar los reclamos y demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas. De ese modo se buscaría imponer una narrativa oficial y aplicar un castigo a los ciudadanos que la cuestionen.” señaló entonces la ANP.

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