Caso Álex: Enfermera y taxista son sobreseídos, piden a Del Castillo “reconocer su error”
El hombre recordó que estuvo detenido por cuatro meses de manera injusta y reprochó las acciones del sistema judicial. También enfatizó que a consecuencia del caso está a punto de perder su vehículo, que es su instrumento de trabajo.
“Le doy gracias a Dios primero, porque él es el que me salva, he estado cuatro meses y dos días detenido injustamente, por un delito que no he cometido, por simplemente llevar a la señora he estado en esto. El banco me está quitando el auto (...).Yo solo pido ‘sean un poco más coherentes con el sistema judicial’, no inculpen a todos, al inocente lo meten a la cárcel”, declaró.
La noticia del sobreseimiento fue comunicada por el abogado de ambas personas, Manolo Rojas, quien también pidió que el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se retracte públicamente y advirtió con iniciar acciones penales en su contra.
“Hoy estamos esperando con ansias que el Ministro de Gobierno antes de salir de su cargo pueda así, como los ha presentado como los grandes delincuentes que supuestamente eran, hoy se retracte públicamente, caso contrario nosotros vamos a iniciar las acciones penales contra el Ministro de Gobierno”, manifestó.
El bebé Álex fue raptado el 16 de agosto de 2022, se lo encontró dos días después abandonado en la zona de Miraflores. El taxista Reynaldo y la estudiante de enfermería Dana fueron acusados por la Fiscalía por el rapto del menor, pero la autora fue aprehendida posteriormente y confesó el delito.
Reynaldo, de 49 años de edad, estuvo preso desde agosto hasta el 23 de diciembre en la cárcel de San Pedro. En noviembre, la Fiscalía le propuso que se declare culpable para acceder a un proceso abreviado.
La justicia dictó el mandamiento de libertad al no encontrarse suficientes indicios que lo incriminen en el secuestro. Él salió de prisión sin un peso y acumuló al menos tres deudas, entre ellas una por casi tres mil bolivianos por el garaje particular, donde la Policía dejó su taxi incautado.
En diciembre, el abogado Rojas presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tres millones de dólares contra el Estado boliviano, por la “vulneración de derechos” de su defendido.
