Trs segundo rechazo a denuncia, Evo dice que el sobreseimiento es encubrimiento
Ayer se conoció que el Ministerio Público emitió un sobreseimiento, por pruebas "insuficientes", a favor de Ivert Alejandro de Villegas, Whilmher José María Velasco Villarroel y Franco Jaime Arancibia Díaz, por el delito de tenencia, porte o portación ilícita, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, pese a que Morales había presentado un audio en el que implicaba a los denunciados con narcotráfico.
Ese dictamen salió a luz luego de que esta semana también se conoció el sobreseimiento, por parte de la Fiscalía, a 12 personas en el caso que fue denunciado por el diputado "evista" Héctor Arce, por el presunto pago de una coima millonaria de una empresa china a personeros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para la adjudicación de una obra caminera.
Luego de conocerse el segundo sobreseimiento, diputados evistas criticaron el trabajo del Ministerio Público y de la justicia en general. Uno de ellos fue el asambleísta Renán Cabezas (MAS).
"Hay una protección de parte de la justicia hacia muchos servidores públicos que han cometido ilícitos porque el Órgano Judicial está prostrado al Órgano Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, y de esa forma evitan que salga a la luz (irregularidades) y que el pueblo boliviano se entere de muchos hechos de corrupción, de vínculos con el narcotráfico, nepotismo y tráfico de influencia, entre otros", sostuvo Cabezas.
Agregó que lo que hace la justicia es evitar que algunos funcionarios públicos del gobierno vayan a ser procesados y a la cárcel. "Esto me da a entender que aquí hay, posiblemente, desde altos cargos del Gobierno para no sacar a luz los nombres de ellos, están buscando tapar, están ocultándole al pueblo boliviano una verdad", sostuvo.
Las críticas también fueron expresadas por los diputados Arce y Ramiro Venegas, quienes indicaron que hay una protección a autoridades del más alto nivel, por parte de la justicia, y que el Gobierno no quiere castigar a los que cometen irregularidades.