Putin arremetió contra la Corte Penal Internacional y ordenó el juicio en ausencia del fiscal Karim Khan
El jefe del Kremlin actúa en represalia por la órden de captura por la deportación ilegal de niños ucranianos emitida en marzo pasado en La Haya
“La investigación ha recopilado ya las pruebas necesarias y por eso se ha tomado la decisión de imputar ‘in absentia’ a Khan y al juez del CPI Rosario Salvatore Aitala”, explicó la fiscalía en un comunicado recogido por la agencia de noticias TASS.
En concreto se cita la Parte 2 del Artículo 299, la Parte 1 del Artículo 30 y la Parte 2 del Artículo 360 del Código Penal de la Federación Rusa para Khan: “imputar responsabilidad penal a una persona inocente y preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional para entorpecer las relaciones internacionales”.
En cuanto a Aitala, se le imputa la Parte 2 del Artículo 301, la Parte 1 del Artículo 30 y la Parte 2 del Artículo 360 del Código Penal ruso: “detención a sabiendas de su ilegalidad y preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional para entorpecer las relaciones internacionales”. Tanto Khan como Aitala pasan así a la lista de personas con orden captura en Rusia.
El pasado 17 de marzo la CPI emitió orden de arresto contra Putin y la comisaria para los derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, porque considera que existen “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por el traslado de menores ucranianos a territorio ruso, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
El Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.
Las órdenes de arresto representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe de la CPI. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.
De momento, con esta orden ya emitida, Putin y Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos. De hecho, la Corte instó a los 123 Estados miembros del tribunal a “redoblar sus esfuerzos para proteger al tribunal, a sus funcionarios y a su personal”.
Tras las órdenes contra Putin y su funcionaria, Khan defendió la posibilidad real de que el ruso enfrente un juicio por crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
“Quienes creen que es imposible” que el líder ruso rinda cuentas por los actos cometidos en Ucrania “no entienden la historia”, aseguraba el fiscal, hoy blanco de persecución rusa.
El fiscal citó como ejemplos los Juicios de Núremberg (1954-1946) -por los crímenes de guerra en la Alemania nazi- y el proceso judicial por el genocidio de Ruanda. “Todos ellos implicaron a individuos poderosos e imponentes y, sin embargo, acabaron en los tribunales”, agregó Khan.
Por otra parte, la CPI advirtió este sábado que no se dejará intimidar por Rusia tras colocar al fiscal Karim Khan en una lista de personas buscadas.
“La CPI considera que estas medidas son inaceptables. La corte no se dejará intimidar en la realización de su mandato legal de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves”, dijo el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.
