La Corte Suprema de Ecuador resolverá si la policía puede usar las armas que incauta a los delincuentes
El pedido fue presentado por la institución para mejorar sus capacidades en la lucha contra la delincuencia
La petición sucede luego de los intentos fallidos del Ministerio del Interior para adquirir armas. Según indicó Primicias, la Dirección de Investigación Técnico Científica de la Policía Nacional ha pedido a la Corte Nacional de Justicia que aplique el artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador para que las armas pasen a manos de la institución policial.
Saquicela dijo a El Universo que la resolución debe ser considerada por la Sala Penal de la Corte Nacional y por último ante el pleno de la Corte, luego de ello se conocerá si la policía podrá o no usar el armamento decomisado en los distintos operativos.
Actualmente, las armas incautadas reposan en las bodegas de las Fuerzas Armadas. El proceso con estos dispositivos es mantenerlos en bodega hasta declararlos obsoletos y destruirlos. Sin embargo, si la justicia aplica el artículo solicitado por la Policía, las armas podrían reusarse. La normativa dice que “el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso”.
El artículo 69 del Código Orgánico integral Penal al que se refirió la Policía en su pedido debería habilitar a la entidad para el uso de esas armas.
En caso de ser aprobado el pedido de la Policía, la entidad deberá elaborar un instructivo para el uso del armamento decomisado, de acuerdo a lo publicado por Primicias.
Entre 2016 y 2023, la Policía de Ecuador ha incautado 47.225 armas, según datos oficiales. El 70 % de las muertes violentas del país se produjeron con este armamento. En lo que va del 2023, la Policía ya ha decomisado 1.722 armas.
La necesidad de que las fuerzas públicas de seguridad estén mejor equipadas se vuelve urgente luego de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declarara al terrorismo como amenaza a la seguridad nacional y a los grupos delincuenciales organizados como terroristas. Entre las resoluciones del organismo, está que el presidente Guillermo Lasso decrete el empleo de armas letales para combatir a esa amenaza.
El Gobierno de Lasso comenzó a considerar como terrorismo las últimas acciones perpetradas por el crimen organizado como la matanza de nueve personas en un puerto pesquero de Esmeraldas a manos de un grupo armado que irrumpió en el lugar y acribilló a los presentes.
“Es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados” sentenció el ministro de Defensa, Luis Lara, en una rueda de prensa al tiempo que aseguró que van a realizar operaciones militares contra las agrupaciones delictivas que fueron declaradas por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador como terroristas.
Lara explicó que “estas operaciones contarán con el apoyo de la Policía Nacional y se utilizarán todas las unidades de élite” y de esta “manera se cumplirá el objetivo de contrarrestar gradualmente la acción del terrorismo en el país”.
Detalló que se han intensificado las operaciones militares “en las zonas más conflictivas del territorio nacional para combatir y erradicar a los grupos criminales y sus aliados que cometen atentados terroristas y masacres, cumpliendo los protocolos y normas del derecho internacional y las disposiciones legales vigentes”.
El ministro recalcó que las acciones del crimen organizado, consideradas como terrorismo por el gobierno ecuatoriano, “incluyen no sólo a quienes las promueven, sino también a quienes las ejecutan y a sus cómplices que se encargan de protegerlos y de lavar sus dineros o dar asistencia logística”.
