Estados Unidos denunció un aumento de la represión contra la actividad religiosa en China: el régimen encarceló hasta 10.000 personas en 2022

El informe anual del Departamento de Estado indica que Beijing continuó ejerciendo control sobre los grupos religiosos y restringiendo las actividades y la libertad personal de los fieles religiosos “que percibía como una amenaza para los intereses del Estado o del PCCh”

Infobae
Estados Unidos publicó su informe anual sobre la libertad religiosa en el que denunció que el régimen de China incrementó el último año la persecución y represión contra la actividad religiosa en el país. El Departamento de Estado norteamericano indicó que Beijing amplió sus esfuerzos para someter toda la actividad teológica al control del Partido Comunista Chino (PCC).

Según la Constitución, la población china “goza de libertad de creencia religiosa”, pero limita la protección de la práctica a las “actividades religiosas normales”. Sin embargo, el PCC no aclara a qué se refiere con “normales”.

En el país se reconocen cinco religiones oficiales: Budismo, Taoísmo, Islam, Protestantismo y Catolicismo. Sólo los grupos religiosos que pertenecen a una de estas cinco “asociaciones religiosas patrióticas” tienen permiso oficial para celebrar servicios religiosos.

La legislación, asimismo, exige a los clérigos jurar lealtad al Partido Comunista y al socialismo.

El informe sobre China se basa en reportes de grupos de defensa de los derechos humanos como Freedom House y de organizaciones religiosas como la Iglesia de Dios Todopoderoso (CAG, por sus siglas en inglés), así como en información pública del gobierno chino.

Estados Unidos recordó las palabras del presidente Xi Jinping durante el XX Congreso del Partido Comunista del año pasado, en el que afirmó que “las religiones en China deben tener una orientación china”. Esto, según el Departamento de Estado, es un claro indicio de la “campaña contra grupos religiosos a los que calificó de ‘cultos’, entre ellos la CAG y Falun Gong”.

De acuerdo a lo señalado en el informe, el régimen durante todo el año pasado continuó ejerciendo control sobre los grupos religiosos y restringiendo las actividades y la libertad personal de los fieles religiosos “que percibía como una amenaza para los intereses del Estado o del PCCh”.

Un manifestante porta un retrato del obispo Su Zhi-ming de Baoding, provincia de Hebei, encarcelado en China y de quien se desconoce su paradero  (REUTERS/Bobby Yip)
Un manifestante porta un retrato del obispo Su Zhi-ming de Baoding, provincia de Hebei, encarcelado en China y de quien se desconoce su paradero (REUTERS/Bobby Yip)

Las ONG y diversos medios de comunicación denunciaron muertes bajo custodia y que el régimen “torturaba, maltrataba físicamente, detenía, desaparecía, recluía, condenaba a prisión, sometía a adoctrinamiento forzoso en la ideología del PCCh y acosaba a fieles de grupos religiosos registrados y no registrados por actividades relacionadas con sus creencias y prácticas religiosas”.

El Informe sobre Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, que se publica anualmente desde 1999 y abarca casi 200 países, estima que el Partido Comunista encarceló hasta 10.000 o más personas en 2022 en una campaña de represión cada vez más amplia contra las creencias religiosas en el gigante asiático.

“Las autoridades continuaron arrestando y deteniendo a líderes y miembros de grupos religiosos, a menudo relacionados con grupos no registrados en las asociaciones religiosas autorizadas por el Estado (...) Según los informes, las autoridades utilizaron cargos vagos o insustanciales, a veces en relación con la actividad religiosa, para condenar y sentenciar a dirigentes y miembros de grupos religiosos a años de prisión”, explica el informe.

Los cargos más comunes eran “organizar o utilizar una secta para socavar la aplicación de la ley”, poner en peligro la seguridad del Estado e incitar al “separatismo”. Este último se suele imputar a las minorías étnicas por participar en actividades religiosas, culturales o independentistas.

Según Minghui, publicación afiliada a Falun Gong, las autoridades condenaron a cientos de practicantes de Falun Gong de 28 provincias y regiones por su fe a penas de entre seis meses y 15 años de prisión.

Las autoridades de Estados Unidos advirtieron que el régimen redobló esfuerzos durante el último año para continuar su campaña plurianual de “sinización”, “para alinear toda la doctrina y las prácticas religiosas con la doctrina del Partido Comunista”. Estas incluyen “exigir al clero de todas las confesiones que asistiera a sesiones de adoctrinamiento político y sugerir contenidos para los sermones que hicieran hincapié en la lealtad al PCCh y al Estado”.

Las autoridades chinas detuvieron hasta 10.000 personas el último año por sus actividades religiosas (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Las autoridades chinas detuvieron hasta 10.000 personas el último año por sus actividades religiosas (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

La campaña represiva contra las actividades religiosas también incluye una fuerte censura. En ese sentido, el gobierno bloqueó sitios web religiosos y censuró contenidos religiosos del servicio de mensajería WeChat. Además, las autoridades del régimen censuraron mensajes que hacían referencia a Jesús o a la Biblia, retiraron artículos publicados por plataformas relacionadas con el cristianismo y eliminaron las cuentas o dieron instrucciones a los proveedores de servicios de Internet y a usuarios particulares para que eliminaran las cuentas cuyos nombres contenían las palabras “Evangelio” o “Cristo.”

El régimen siguió restringiendo la impresión y distribución de la Biblia, el Corán y otras publicaciones religiosas, y sancionaron a las empresas que copiaban y publicaban material religioso.

A raíz de esta continua campaña de represión y persecución, el pasado 30 de noviembre el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, volvió a designar a China como “País de Especial Preocupación” (CPC, por sus siglas en inglés) en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, por haber cometido o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa. Designación que Beijing viene recibiendo desde el año 1999.


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