Irán y China encabezan la lista de países represores contra la prensa
En las últimas horas, el periodista Don Yuyu fue acusado de espionaje tras reunirse con un diplomático japonés, lo que enciende las alarmas por la persecución a quienes ejercen la profesión en el país
Desde su llegada al poder, en 2013, Beijing ha estado promoviendo su campaña contra los “rumores en línea” y los “contenidos vulgares”, sólo como una fachada de su real voluntad de que los medios de comunicación en el territorio reflejen la voluntad del Partido.
“La prolongación del mandato de Xi Jinping es una noticia inquietante para la libertad de prensa, ya que permitirá al dirigente chino continuar con la cruzada contra el periodismo que puso en marcha hace diez años”, afirmó el jefe de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras para Asia Oriental, Cédric Alviani, al concluir el último Congreso del PCCh.
Este afán por manipular la narrativa y mantener al país inmerso en ese hermetismo característico que dificulta la comunicación y la transparencia en la información requiere de un árduo trabajo de las autoridades, que persiguen y encarcelan a los trabajadores de prensa y a quienes defienden su trabajo, a un punto que ha encendido las alarmas en todo el mundo.
Un informe difundido por Reporteros Sin Fronteras expuso que más de una centena de periodistas están encarcelados por informar los hechos tal y como ocurrieron. Esto ubicó a China casi a la cabeza del último ránking que mide la cantidad de trabajadores de medios de comunicación arrestados en cada país. Apenas superado por Irán, donde las protestas por la muerte de Mahsa Amini han elevado al máximo la tensión entre la sociedad y las autoridades, China ocupó el segundo puesto.
Al igual que su par persa, durante la pandemia del coronavirus, el régimen de Beijing también aplicó una política más draconiana y extremó los controles. Según RSF, sólo en 2020 en Wuhan -ciudad donde se originó el brote de la enfermedad- al menos 10 periodistas fueron arrestados por informar acerca de la situación sanitaria allí.
En tanto, desde 2016 y bajo la bandera de “luchar contra el terrorismo”, por lo menos otros 71 reporteros fueron arrestaados por cubrir las campañas contra los uigures en el noroeste del país.
Estas tareas, que en gran parte del mundo serían tomadas con normalidad, en China son consideradas actos de espionaje y hasta un trabajo conjunto con los “enemigos”, aquellas potencias occidentales que sólo buscan interferir e inmiscuirse al interior del país.
“Hablar con diplomáticos extranjeros es crucial para los periodistas que cubren noticias internacionales”, comentó Hsu, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en China, quien advirtió sobre la situación de estos trabajadores en el país y se refirió puntualmente al caso de Yuyu. “Llegar al extremo de juzgar a Dong por espionaje es absurdo y cruel”, sumó.
Las penas por esta condena van de los tres a los diez años de cárcel, en los casos leves, aunque puede incrementarse hasta la cadena perpetua. Este ambiguo parámetro con el cual se definen los delitos y los castigos lleva a que las familias, tal como fue el caso de Yuyu, eviten hacer declaraciones o poner el caso en el ojo público, por miedo a que ello enfade a las autoridades.
Sin embargo, más alla de esta persecución contra la prensa y el miedo que ello infunde en la sociedad en su conjunto, hay una cuestión más que alarma a las organizaciones de derechos humanos. Investigaciones complementarias de RSF expusieron que quienes son acusados en estos contextos no acceden a juicios justos -por lo que carecen de una legítima defensa y los procesos se realizan a puertas cerradas- y son recluidos sistemáticamente en “cárceles negras”. Allí son sometidos a torturas y condiciones inhumanas que, en muchos casos, derivan en un deterioro severo de la salud -y hasta ha llevado a la muerte a algunos reclusos-.
“Los periodistas y defensores de la libertad de prensa detenidos en China son sometidos casi sistemáticamente a malos tratos y a la denegación de atención médica”, apuntó Alviani.
Esta desprotección y constantes amenazas sobre los trabajadores ha llevado a que decenas de periodistas y corresponsales abandonen el país por miedo a ser perseguidos, aunque ello sólo refuerza la postura de las autoridades.
La falta de presencia extranjera en el país, así como de medios privados que muestren oposición a la narrativa oficial, deriva en un fortalecimiento de los canales de comunicación del régimen y la proliferación de su perspectiva, sin obstáculos de por medio.
“Si (los medios de comunicación extranjeros) no tienen un corresponsal que pueda filmar en China, es más probable que utilicen materiales de la cadena estatal china”, explicó Lousia Lim, profesora en la Universidad de Melbourne.
Es entonces que resulta crucial que los Gobiernos democráticos de todo el mundo luchen por poner sobre la mesa las discusiones sobre la libertad de expresión y no pasen por alto casos como el de Yuyu. La lucha por el periodismo como un contrapoder no se debe abandonar, aunque sea algo que Xi Jinping no puede tolerar y que quiera perseguir hasta erradicar.
