Cívicos cruceños se suman al rechazo al proyecto de ley 305, dicen que busca "eliminar" a la oposición

Santa Cruz, erbol 
Al igual que periodistas, el Comité pro Santa Cruz también cuestiona el proyecto de ley 305 de "Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos", promovido por el Gobierno, debido a que advierte que busca implementar delitos penales para "eliminar" a la oposición."Esta iniciativa del gobierno busca implementar delitos penales a efectos de hostigar, controlar y perseguir con objeto de eliminar a la oposición civil que tenemos en el país, utilizando discriminación y odio con redacciones confusas y ambiguas para dejar abiertas las interpretaciones absurdas", advierte el pronunciamiento de los cívicos cruceños.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, sostuvo que tanto la discriminación como el odio son ambiguas en el proyecto de ley, similar a lo que ocurre con el delito de terrorismo.

"Cualquier ciudadano que emita criterio de acuerdo a la libre expresión, puede ser fácilmente juzgado por odio o discriminación", advirtió Larach e indicó que, en ese sentido, todos los bolivianos corren peligro.

Acotó que este proyecto de ley tiene el fin de "cercar" a todos los que piensan diferente, a través de los dos tipos penales que se busca incorporar.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, también expresó su rechazo a ese proyecto de ley, debido a que especifica los tipos penales de odio y racismo para reporteros y para dueños de medios de comunicación, que ya está en vigencia la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, que se aplica para todos los bolivianos.

En el citado proyecto de ley, en su parágrafo III del artículo 281 Septies (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación), se propone que "cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno".

En este borrador de norma se plantea que la Asamblea incorpore este artículo al Código Penal con las siguientes características: "Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio: a) difunda ideas basadas en la superioridad racial b) promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación, c) pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, d) incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios".

Peñaranda agregó que, con el estado actual de la Justicia, que depende directamente del gobierno que encabeza el presidente Luis Arce, una ley como la planteada solo busca acallar a los periodistas y tratar de eliminar la libertad de prensa.

"No es que los periodistas estemos en contra de la lucha contra la discriminación y el racismo, porque además todo ello ya está establecido en la Constitución. El problema es que esas figuras son tan vagas que pueden ser utilizadas contra los periodistas, peor aún considerando que jueces y fiscales son en los hechos trabajan como si fueran funcionarios del Ejecutivo", expresó.

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