Las sanciones que podrían caberle al Barcelona en el caso Negreira: desde una multa hasta la disolución
Los detalles de los pagos al ex árbitro y los antecedentes por la causa Neymar inquietan a la entidad catalana, aunque un especialista consultado por Infobae entiende que habrá una fuerte sanción económica
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Según la denuncia presentado por la Fiscalía, el objetivo de los pagos que totalizaron 7 millones de euros al ex vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enriquez Negreira, fueron para que éste “realizase actuaciones tendientes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así, en el resultado de las competiciones”.
La denuncia de la Fiscalía apunta al FC Barcelona y a cinco personas físicas: los ex presidentes Rosell y Bartomeu, al ex árbitro Enríquez Negreira y a dos ex dirigentes del club catalán, el ex director ejecutivo Óscar Grau y el ex director de deportes profesionales, Albert Soler. Según la acusación, Bartomeu, Grau y Soler “conocían el entramado y evitaron a toda costa que el hijo de Enriquez Negreira, Javier Enriquez Romero, fuera contratado directamente -supuestamente también para cursos internos con el plantel- por el FC Barcelona para no relacionar el apellido con el club”, aunque destaca que “no ha quedado acreditado, por el momento, que conociera y compartiera el propósito de su padre”.
Según el escrito de la acusación, el FC Barcelona “alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial” con el ex árbitro Enriquez Negreira, que tenía como finalidad “alterar la competición a favor del club” e hizo hincapié en la inspección de la Agencia Tributaria estatal sobre las facturas utilizadas por el Barcelona para los pagos a las dos empresas relacionadas con Enríquez Negreira, “Dasnil” y “Nilsad” y destacó que al requerirle al club los documentos de los pagos, los contratos por el servicio, y que identificara “a los profesionales, técnicos y auxiliares relacionados con los informes, “la respuesta del FC Barcelona fue que no se había encontrado la documentación requerida” y las facturas “no se correspondían con prestaciones de servicios por parte de las empresas”.
En lo que ya se conoce como el mayor escándalo de la corrupción arbitral en el fútbol español, desde distintas facturas presentadas a la agencia tributaria estatal surgió que el Fútbol Club Barcelona le pagaba regularmente por “servicios” y “cursos”, al menos desde 2001 y hasta 2018 (cuando decidió suspenderlo argumentando recorte de gastos justo cuando el ex juez cesó en sus funciones) alrededor de 7 millones de euros en total, que según el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enriquez Negreira, era “para garantizar la neutralidad en el arbitraje”.
El actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que el club nunca tuvo la intención de obtener un beneficio con estas facturas, que la entidad investigará a fondo lo ocurrido, y que en pocos días ofrecerá una conferencia de prensa, en tanto que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, mantiene un sugestivo silencio, y el titular de la Liga (LFP), Javier Tebas, muy enfrentado a Laporta, rápidamente indicó que se sumará a la acusación y que la UEFA le ha pedido que aporte material para el caso, y que ya ha respondido.
A su vez, el actual presidente de los árbitros españoles, Luis Medina Cantalejo, afirmó en otra conferencia de prensa que esperaban que se clarifiquen los hechos y que colaborarán con la Justicia, mientras que se supo que durante los años en los que Enriquez Negreira facturó al Barcelona mediante su empresa “Dasnil 95″, prácticamente no tuvo ningún otro cliente.
Días pasados, otra investigación periodística divulgó que en 2020, dos años después de haber cesado en la facturación al club, Enriquez Negreira intentó regresar al vínculo afirmando que podía ayudar al Barcelona “en el VAR”.
Como aclara el abogado penalista José María De Pablo, profesor de Derecho en la Universidad de Navarra, el delito correspondiente a este caso lo comete “quien desde una empresa recibe o pide un beneficio no justificado como contraprestación por favorecer indebidamente a otro en las relaciones comerciales,y se castiga por ‘corrupción deportiva’ a los directivos, empleados, etc de una entidad deportiva, así como a deportistas, árbitros o jueces que realicen esas conductas para alterar fraudulentamente el resultado de una competición deportiva”.
De Pablo destaca que en una sentencia anterior de 2022, el Tribunal Supremo señala que para que exista delito de “corrupción deportiva” tienen que concurrir dos elementos: el subjetivo (que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, y que se trata de un delito de mera actividad, por lo que no es necesario que para cometerlo se necesite que se produzca el resultado perseguido. Es decir que alcanza con probar la intención de alterar el resultado), y el objetivo (la acción consiste en prometer, ofrecer, conceder, recibir, solicitar o aceptar beneficios o ventajas de cualquier naturaleza, no justificadas, incumpliendo sus obligaciones).
Si bien los pagos desde el Barcelona a Enriquez Negreira datan, al menos, desde 2001 hasta 2018, los delitos que acarrean sanción corresponden al período correspondiente a 2010 en adelante, que es cuando se modificó la ley de “Corrupción en los negocios” y por lo tanto, los anteriores presidentes del club (Joan Gaspart, Joan Laporta -actualmente retornó en 2021 para un segundo mandato- y Sandro Rosell podrían ser llamados como testigos, mientras que Josep María Bartomeu se encuentra en una situación distinta porque su mandato ya entra en el período de un delito no prescripto.
Respecto de esta inminente denuncia de la Fiscalía estatal al Barcelona, Infobae pudo dialogar con el abogado especializado en temática deportiva Toni Roca, CEO del estudio “Himnus Football Lawyers”.
-Dentro del arco de posibles sanciones al Fútbol Club Barcelona -desde una multa hasta la disolución del club-, ¿cuál cree que es la posible en este caso?
-Lo esperable es una sanción económica. Yo no vislumbraría una sanción dura.
-Desde el punto de vista deportivo, ¿qué tipo de sanciones puede recibir el Barcelona?
-Desde el ámbito nacional, ninguna porque como estos pagos cesaron en 2018 y hasta los hechos más graves de este tipo prescriben a los tres años, no puede haber sanción deportiva.
-Pero la UEFA y la FIFA sí pueden sancionar al Barcelona.
-Sí, estas entidades pueden.
-La UEFA ya pidió material a la Liga.
-En el ámbito internacional sería viable una sanción si se demuestra que se cometió el delito.
-O sea que por lo que usted dice, la UEFA, o la FIFA, deberían esperar a que la Justicia de un veredicto.
-Así es. Tienen que esperar que salga primero el fallo.
-En cuanto al delito, no parece fácil demostrar que el Barcelona perseguía beneficiarse con estos pagos. De hecho, Enriquez Negreira dijo a la agencia tributaria que estos pagos eran para que el club se garantizara una neutralidad.
-Hay que aclarar que en cuanto a las pruebas, no es necesario demostrar que manipularon la competición, sino que intentaron conseguirlo. Desde ya que no va a ser fácil probarlo y para ello, habrá que contar con el concurso de los árbitros y probar que Enriquez Negreira habló con ellos para conseguirlo.
-Eso no parece fácil, y más, que la entidad que los nuclea tampoco habla mucho y se la critica mucho por eso. Incluso, se criticó mucho, por inconsistente, la conferencia de prensa de su presidente Luis Medina Cantalejo.
-A los árbitros, en general, no se los deja hablar mucho. Suelen cerrar filas y parecen tener una postura común de dejar trabajar a la Fiscalía. Incluso, están molestos con un árbitro que presentó su propia querella (N de la R: se refiere al árbitro VAR y ex juez por doce temporadas, Xavier Estrada Fernández, que presentó una querella por separado, contra Enriquez Negreira y su hijo, Javier Enriquez Romero, por corrupción deportiva, algo que no se vio bien desde la CTA, la entidad de los árbitros españoles).
-Aunque todo indica que también la Liga y la Federación serán partes acusatorias, no se ve el mismo movimiento en una que en la otra entidad. La Federación lleva un sugestivo silencio en el caso y su presidente, Luis Rubiales, apenas se refirió una sola vez al tema, y al ser consultado en un programa de TV.
-Sí, creo que la RFEF debería ser más contundente y tener un papel más proactivo. Es un tema político que ya escapa a mi área específica.
-Vayamos a algo que parece más simple aún. Pagarle durante años a un árbitro en actividad desde un club que participa en competiciones en las que actúa ese árbitro, ¿Es legal?
-Pagar a un árbitro en actividad en sí no es delito. Lo que es, es poco ético, poco estético y es un conflicto de intereses evidente. Es un pago que nunca debería realizarse. Si efectivamente le estaban pagando por esos informes y fuera un precio de mercado y no escondiera otras intenciones oscuras, delito como tal no sería, pero como te digo, no es ético porque tú no puedes estar pagando a un árbitro en activo. No hay ningún problema en que pagues a un árbitro ya retirado, de hecho hay muchos clubes que tienen árbitros retirados en sus plantillas, pero evidentemente a un árbitro en activo no deberías pagarle. En sí mismo no es un delito, simplemente no le estés pagando para manipular la competición y el pago responda a unos servicios normales a precio de mercado.
-Que el FC Barcelona tenga antecedentes de vinculación a delitos como en el Caso Neymar ¿Puede repercutir en una pena mayor por reincidencia?
-No porque se trata de delitos diferentes, por lo tanto no hay reincidencia. No se tiene en cuenta el caso anterior.
