La RFEF y LaLiga tienen intención de personarse como acusación
Desde que estalló el ‘Barçagate’, ambas instituciones anunciaron su pretensión de personarse en la causa una vez la denuncia de la Fiscalía fuera admitida a trámite.
LaLiga se ha expresado en unos términos muy similares durante este tiempo. En primer lugar, descartó interponer una denuncia para no obstruir la investigación de la Fiscalía. “Tras estudiar el tema, hemos considerado que si hay que poner una denuncia penal entorpeceríamos la investigación de la Fiscalía”, sostuvo Javier Tebas, presidente de LaLiga, también el pasado 17 de febrero. Sin embargo, al mismo tiempo, Tebas subrayó que si la investigación de la Fiscalía prosperara LaLiga se acabaría “personando como acusación particular”.
El Consejo Superior de Deportes, por su parte, también estudiaría personarse bajo el criterio de sus servicios jurídicos si se iniciase la vía penal. Así lo reconoció su presidente, José Manuel Franco, hace pocos días: “Si se diese el caso de que se iniciase la vía penal, el Consejo Superior de Deportes, siempre de acuerdo con sus servicios jurídicos, estudiaría la posibilidad de personarse”.
Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, analizó en la tarde de este martes la actualidad del Caso Negreira: “El problema nos preocupa porque perjudica al fútbol y al deporte español. Está siendo investigado por la Fiscalía. En el momento en que formalice la acusación en vía judicial podremos actuar pero entenderá que el Gobierno no lo haga antes. De confirmarse es grave. Según la legislación deportiva estaría prescrito y esperaremos a que la Fiscalía acabe sus actuaciones. A partir de ahí, decidiremos si conviene personarnos en el procedimiento judicial”. E insistió en dejar actuar a la justicia: “Será entonces cuando podamos decidir personarnos en el procedimiento. Mientras tanto defendamos el buen nombre del deporte y los deportistas españoles”.
Iceta destacó que la nueva Ley del Deporte “ha reforzado los mecanismos para luchar contra los fraudes las malas prácticas en el ámbito deportivo”. Entre las novedades de la ley, Iceta resaltó la obligación de las federaciones y ligas profesionales de adoptar un código de buen gobierno, para el establecimiento de una estructura transparente e íntegra, así como prevención de ilícitos, y la inclusión como infracción de máxima gravedad las actuaciones para determinar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba o competición, afecte o no el resultado, y las que supongan un intento de alterar desarrollo normal de una competición. “En este caso, más allá de las sanciones deportivas que habrían prescrito, los hechos investigados, de confirmarse, pueden ser objeto de sanción penal, ya que entran en los supuestos de corrupción, administración desleal o fraude en el deporte”, señaló.