Fiscalía incluye a Áñez en el caso Huayllani y el TSJ autoriza proceso ordinario por Senkata

La Paz, erbol 
Al igual que ocurrió con el caso Senkata, la Fiscalía ha incluido a la expresidenta Jeanine Añez entre los procesados por el caso Sacaba en la vía ordinaria, a pesar de que la misma ya estaba acusada en la vía de juicio de responsabilidades. La comisión de fiscales de este caso comunicó la decisión al Juzgado Primero de Instrucción Penal de Sacaba, que desarrolla el caso en la vía ordinaria, mediante un memorial fechado el 6 de marzo.

Según el documento, se determinó ampliar la causa penal contra Añez, debido a una solicitud y elementos de convicción existentes en el cuaderno de investigaciones.

La Fiscalía indicó, en el documento, que Áñez está siendo investigada por los delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La decisión de la comisión de fiscales se adopta a pesar de que en 2021 la Fiscalía General ya presentó un requerimiento acusatorio contra Añez por este caso, ante la Asamblea Legislativa, para un juicio de responsabilidades.

Sin embargo, en los recientes meses la parte acusadora decidió adoptar otra estrategia y llevar a Jeanine Áñez a juicio ordinario, a pesar de que los hechos denunciados corresponden al periodo en que la sindicada ejercía como presidenta del Estado.

La defensa de Áñez sostiene que los actos realizados en el ejercicio de la presidencia deben ser juzgados en un juicio de responsabilidades, que requiere de la aprobación de dos tercios del Legislativo. Sin embargo, sus acusadores pretenden llevarla a juicio ordinario bajo el criterio de que no fue presidenta constitucional.

La misma figura aconteció en el caso Senkata, donde a pedido de las víctimas patrocinadas por el Ministerio de Justica, el juez de El Alto, Marco Amaru, decidió declararse competente para procesar a Añez en la vía ordinaria.

El abogado de Áñez, Luis Guillén, dijo que el juez de Sacaba no debería aceptar enjuiciar a una exmandataria en una vía que no corresponde.

En el caso Sacaba se investigan los hechos del 15 de noviembre de 2019, cuando un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden en el puente Huayllani dejó el saldo de 10 fallecidos, según el informe del GIEI.

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