Dos años de matanzas en las cárceles del Ecuador: entre las mafias carcelarias, la poca gestión gubernamental y las familias que exigen justicia al Estado
Más de 400 presos han sido asesinados en once masacres carcelarias. La gestión gubernamental no ha logrado reclamar el control de los reclusorios que son liderados por bandas criminales que extorsionan a los familiares de los detenidos
Han pasado dos años desde que la primera de once matanzas sucediera en las prisiones ecuatorianas. Desde entonces, las cifras oficiales indican que al menos 419 detenidos fueron asesinados dentro de estos centros de privación de la libertad, sin embargo, la cifra podría ser mayor. A pesar de las alertas sobre los enfrentamientos, de los cambios de autoridades encargadas de las prisiones y de los cuestionamientos a la gestión gubernamental sobre la rehabilitación social, lo cierto es que en 24 meses ha habido demasiadas muertes y pocos cambios.
Algunas de las masacres fueron más brutales que otras. El 28 de septiembre de 2021 se registró el suceso con más asesinatos. En una sola prisión hubo 125. También otro evento de violencia carcelaria sucedió entre el 11 y 12 de noviembre de 2021, que incluso fue transmitido por las redes sociales. En esos macabros registros videográficos, miles de personas, incluyendo a las familias de los prisioneros, vieron cómo acribillaron, mutilaron e incineraron a 67 presos. Ambos exterminios sucedieron en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del Ecuador.
El último informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), que lleva un registro detallado de la situación carcelaria desde 1986, ha señalado que entre el 2018 y el 2022, 591 cadáveres fueron encontrados dentro de las cárceles del país. De ese total, el 76% fueron personas asesinadas en matanzas dentro de las prisiones. Únicamente entre el 2020 y el 2022, se cuentan 458 muertes, 39 más que el registro oficial.
Las masacres de los dos últimos años sucedieron en las cárceles de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Azuay y Esmeraldas. La edad promedio de los asesinados es de 29 años, según indica el informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la situación de las cárceles del Ecuador, publicado en marzo de 2022, señaló que algunos de los asesinados no tenían sentencias ejecutoriadas, es decir ratificadas en todas las instancias judiciales. Otros estaban encerrados por delitos menores. Varios fueron detenidos bajo la figura de prisión preventiva, un recurso que ha sido usado indiscriminadamente en el país, según la CIDH. Entre las personas que murieron violentamente en las prisiones había quienes ya cumplieron sus sentencias, pero no recibieron a tiempo la boleta de excarcelación que les permitiría recuperar su libertad.
Las historias de quienes fueron asesinados, la realidad que se vive dentro de las prisiones, la tragedia de quienes perdieron a sus parientes, se han conocido gracias a las madres, padres, esposas, hermanos e hijos que se agrupan para exigir al Estado que cumpla su papel rector dentro de las prisiones, para que garantice una auténtica rehabilitación social y para que se repare a las familias, especialmente a los cientos de niños, niñas y adolescentes huérfanos, que produce la violencia carcelaria.
Un Comité para exigir justicia
“Queremos justicia, queremos saber por qué a nuestros hijos nos los entregaron mutilados e incompletos. Hay muchos familiares que enterraron a sus hijos incompletos, a unos solamente los entregaron en polvo”, dice Ana Morales, una de las voceras del Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles, quien habló con Infobae sobre las exigencias de las familias.
En abril de 2022, se conformó el primer Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles que inició sus funciones en Guayaquil y que cuenta con el apoyo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH) y de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (Rimuf), que funciona en 10 países de la región. Hasta diciembre de 2022, 27 familias se han unido a la organización.
El hijo de Ana Morales fue uno de los asesinados en la peor masacre carcelaria registrada en Ecuador, la de septiembre de 2021, cuando sucedió la ejecución de los presos del pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral. Miguel, el hijo de Ana Morales, estaba preso por un robo menor, un delito que en Ecuador se sanciona con penas de tres y cinco años. Miguel debía estar 40 meses en prisión, según los registros que reposan en el Sistema Informático de Trámite Judicial y que son de dominio público.
Ana Morales es enfática en decir que quien paga una pena de encierro en las cárceles debe cumplir con su condena, pero “como la Constitución dice (...). Ningún juez dice que tienen que matarlo, asesinarlo o desmembrarlo de esta manera”, asegura.
En la masacre del 11 y 12 de noviembre de 2021, los detenidos del ala transitoria de la Penitenciaría del Litoral fueron asesinados. En esa sección están los detenidos por delitos menores, la mayoría sin sentencia, e incluso algunos están presos como medida cautelar mientras sus casos se estancan en la justicia.
El ala transitoria es conocida como “la lagartera” por tener las peores condiciones de vida. Algunos han reconocido que los presos que están allí no existen para el Estado y muchos de los detenidos imploran ser asignados a un pabellón distinto aunque no integren ninguna de las pandillas carcelarias que operan en los presidios..
Infobae contó cuatro historias que retratan el infierno que se vivió en la Penitenciaría durante la matanza de ese noviembre. Entre los detenidos que fueron asesinados está John Campuzano, que era un excontador y que fue arrestado la madrugada del 1 de septiembre de 2021. Ese día lo detuvieron como parte de las investigaciones por el presunto delito de “falsedad de información” en el sistema bursátil.
Sus hijos John Jairo y Jomaira Campuzano hablaron en noviembre de 2021 con Infobae para preservar la memoria de su papá que, como sostuvieron, no debía estar en la Penitenciaría. Los hermanos Campuzano contaron que su papá llevaba preso alrededor de 90 días. En ese tiempo, las autoridades carcelarias no dejaron que su familia ingrese ropa y otros artículos de primera necesidad para Campuzano, según recordó en aquella entrevista John Jairo.
Estos obstáculos que las autoridades impusieron a la familia de Campuzano fue lo que posteriormente permitió identificarlo entre los asesinados. Una fotografía bastó para que su esposa y John Jairo lo identificaran porque vestía de la misma forma que el día de su detención.
John Jairo también se unió al Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles.
“Familia es familia”
Al preguntarle a Ana Morales sobre cuál es su motivación para emprender su lucha en contra de un Estado permeado por la corrupción, ella contesta que la memoria de sus familiares le da fuerza para no quedarse callada.
“Yo ya perdí a mi hijo, pero no me gustaría que otra persona lo haga o sufra el maltrato que nos dio el Estado”, dice Morales, al mismo tiempo que cuenta que ningún funcionario se acercó a las familias para informarles sobre sus parientes durante las masacres y menos para ofrecerles contención psicológica luego de la tragedia.
El 15 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso, anunció siete acciones para enfrentar la crisis carcelaria. Una de las medidas disponía que el Consejo de Participación Ciudadana creara mesas de diálogo ciudadanas, para acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria, pero eso nunca sucedió.
Ana Morales vivió lo que para muchos es solo un susurro de corrillo: la extorsión que representa el negocio de las prisiones. En los llamados “centros de rehabilitación” que según la constitución están bajo la autoridad gubernamental, quienes realmente mandan son los líderes de las pandillas carcelarias. Esas bandas poseen estructuras organizativas complejas que se encargan de cobrar a los familiares de los presos por los servicios que el gobierno debería garantizar: comida, un espacio para dormir y, sobre todo, seguridad.
“Por lo regular al ingreso te piden de USD 300 para arriba, según el caso”, explica Morales. Los caporales de cada pabellón cobran ese dinero a las familias de los reclusos. Quien no paga es castigado, privado de comida y de un espacio para descansar.
Esto ya fue denunciado por la CIDH en su informe, en el que se explica que en las cárceles de Ecuador “los líderes de estos grupos (criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”.
Asimismo, el CDH expuso que la corrupción interna, la falta de categorización de los delitos de cada persona encarcelada dentro de sus pabellones, “facilitó la consolidación de grupos criminales ya existentes dentro de los centros carcelarios para el control territorial del tráfico de drogas y armas, bajo la complicidad del Estado”.
