Al menos Bs 7 MM de lo recaudado por vidrios polarizados irán a Seguridad Ciudadana
Hasta el 28 de enero de este año, de 65.000 solicitudes, 35.000 ya tenían la respectiva autorización, es decir un 55%. Si se multiplica la cantidad de coches con la autorización por los 400 bolivianos del trámite da un total de 14 millones de bolivianos, la mitad (7 millones) se va a Seguridad Ciudadana.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló escuetamente que el dinero recaudado por su cartera será destinado a “la ejecución de acciones” de seguridad ciudadana, pero no se conoce cuáles.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, anunció que hará una petición de informe, a través de la Asamblea Legislativa, para conocer cuáles son dichas acciones. “El tema de fondo es conocer a dónde irá a dar esa recaudación, porque no se tiene claro qué tipo de proyectos o acciones piensan realizar”, afirmó en contacto con Página Siete.
Señaló que al no tener una política clara sobre seguridad ciudadana, la población tiene la impresión de que el Decreto Supremo (DS) 4740, que establece multas a las personas que no tengan autorización para usar vidrios polarizados, solo fue emitido para obtener dinero del usuario, con el fin de mantener una recaudación favorable para la Policía.
Qué dicen los choferes
El dirigente de los choferes de radio taxis de Santa Cruz, Carlos Mamani, dijo que su sector se declaró en emergencia. Manifestó que luego de una revisión del DS 4740 por parte de sus abogados, consideran que dicha norma es inconstitucional, pues del Gobierno solo busca obtener dinero de la población al imponer esta norma por sobre la Ley de Tránsito, algo que para algunos choferes puede llegar a costar hasta 700 bolivianos.
“Lo único que vemos es una intención de recaudar dinero. El Ministerio de Gobierno ha creado esto para sacar dinero a la población, porque el trámite no es gratuito (para obtener el permiso para vidrios polarizados). El sector del transporte público debe depositar 100 bolivianos (los privados pagan 200 bolivianos) en la cuenta del Ministerio de Gobierno y además de eso debemos hacer otra serie de trámites (...) más o menos llega a costar todo el tramite 700 bolivianos”, explicó Mamani a los medios de comunicación cruceños.
Según los choferes, en el caso de los motorizados particulares los dueños deben adquirir un certificado médico que señale la necesidad de contar con vidrios polarizados para evitar daños a su piel por el reflejo de los rayos del sol. Dicho documento, en un consultorio público no tendría costo, pero en uno particular podría llegar a costar hasta 350 bolivianos.
En ese sentido, Mamani señaló que buscan una reunión con asambleístas tanto del oficialismo (MAS) como de la oposición y la mediación de la Defensoría del Pueblo.
En esa línea, la senadora Andrea Barrientos y los diputados Toribia Lero y Alejandro Reyes, todos de CC, presentaron el 31 de enero una acción de inconstitucionalidad contra tres decretos supremos que respaldan la norma de los vidrios polarizados. La demanda fue presentada contra el presidente Luis Arce y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por promover dicho decreto. Los legisladores también cuestionaron el hecho de que se desconoce el destino de los recursos recaudados por los permisos para vidrios polarizados.
El Gobierno rechaza las críticas
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, no atendió las llamadas de este medio, pero en las conferencias que brindó sobre el tema, rechazó las denuncias de inconstitucionalidad contra el DS 4740 y explicó que el Ejecutivo está reglamentando un tema que ya está contemplado en la Ley de Tránsito. También aseguró que solo se pagará una multa de 100 bolivianos en caso de incumplimiento y negó que se pretenda cobrar multas diferenciadas.
“Por otro lado, es importante señalar que el monto que se está cobrando es justamente para cubrir los costos del trámite, lo cual no son considerados como doble impuesto, además, estos recursos serán destinados para financiar las acciones de seguridad ciudadana que desarrollamos en todo el territorio nacional”, afirmó. No detalló cuáles son esas acciones.
El plazo para el registro de los motorizados con vidrios polarizados terminó el 31 de enero, pero el sistema continuará abierto para los trámites nuevos. Estaba previsto que a partir del 1 de febrero se realicen operativos y se comiencen a cobrar las multas correspondientes, pero el Gobierno optó por no imponer multas y que los controles solo prevean una llamada de atención verbal, hasta el 1 de marzo, fecha en la que entrará en rigor total el DS 4740 promulgado en junio de 2022 y que prevé esa sanción.
