Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordenó la detención de Anderson Torres, ex Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro
La Policía Federal realizó este martes un allanamiento en su residencia en Brasilia, pero actualmente se encuentra en Estados Unidos viajando con su familia
El magistrado del Supremo Tribunal Federal (TSF) Alexandre de Moraes ordenó la detención de Torres. La Policía Federal realizó este martes un allanamiento en su residencia en Brasilia, pero actualmente se encuentra en Estados Unidos viajando con su familia, informó O Globo.
Moraes cree que Torres, en su calidad de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia, fue uno de los responsables de las fallas en el esquema de seguridad que resultó en el intento de golpe de Estado por parte de los seguidores de Bolsonaro.
Tras enterarse de la noticia, Torres anunció que interrumpe sus vacaciones y regresa a Brasil para presentarse ante la justicia y preparar su defensa.
“Siempre he basado mis acciones en la ética y la legalidad. Creo en la justicia brasileña y en la fortaleza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá”, escribió Torres en su cuenta de Twitter.
El domingo, tras los incidentes en la capital brasileña, el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, el bolsonarista Ibaneis Rocha, destituyó de su cargo a Torres como secretario de Seguridad Pública.
A su vez, la Corte Suprema de Brasil apartó el lunes de su cargo, y por 90 días, al gobernador Rocha. La decisión fue tomada por Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro en todo el país.
El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Por otra parte, un fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del ex presidente Bolsonaro.
El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, también pidió extender la sanción a Ibaneis Rocha y a Anderson Torres.
Rocha justificó su demanda “en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido” en la capital brasileña el pasado 8 de enero, “que provocó innumerables perjuicios al erario federal”.
El domingo pasado, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema durante cuatro horas hasta que fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.
Unas 1.500 personas fueron detenidas entre el domingo y el lunes, aunque este martes la Policía Federal informó que puso en libertad a “ancianos con enfermedades crónicas” y “adultos responsables de menores”, sin precisar el número exacto.
El presidente Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha acusado directamente a Bolsonaro de “estimular” a sus seguidores a atentar contra las instituciones.
Por su parte, el capitán retirado del Ejército se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato, y, en respuesta a Lula, reprobó la intentona golpista de sus partidarios, aunque de una forma tibia.
Algunos parlamentarios brasileños ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos “terroristas” y “golpistas” vividos en Brasilia.
El ex jefe de Estado (2019-2022) tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre las instituciones democráticas y la pandemia de la covid-19, y la filtración de documentos secretos durante su Administración, entre otras.
