Periodistas piden garantías y presentan demanda al Ministro de Gobierno y al jefe de la Policía
La demanda será presentada ante un tribunal de garantías constitucionales del Palacio de Justicia de Santa Cruz.
La acción de libertad es firmada fundamentalmente por los periodistas que fueron víctimas de las agresiones policiales, que se registró en inmediaciones del Comando Departamental de la Policía durante las últimas 72 horas, de los cuales trabajadores de la prensa fueron afectados, entre ellos: Róger Ramos Pedraza, Joel Orellana, Miguel Ángel Rivero de la Red Unitel, el periodista José Enrique Tarqui de la Red “Bolivia Somos Todos”.
“Los policías nos están disparando a matar y no queremos periodistas ni ningún ciudadano muerto por los agentes policiales, por esa razón estamos convocando a esas autoridades que den explicaciones y que nos garanticen el derecho a la vida y al ejercicio profesional”, indicó Méndez.
Señaló que el hecho de vestir un uniforme policial no es licencia para matar y que nadie puede quitar la vida de otro ser humano o mandar que se ejecute, sea autoridad electa como el caso del presidente Luis Arce o puesta a dedo como el caso del ministro Del Castillo.
Asimismo, la Asociación de Periodistas se adhirió a un proceso penal por lesiones graves y leves y vulneración a la libertad de prensa que se ha iniciado en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) por la agresión que sufrió el periodista Tarqui, a quien un policía abrió fuego a dos metros y como consecuencia le extrajeron cinco perdigones de su cuerpo.
En el caso de Orellana y Rivero, ambos del canal de televisión Unitel, fueron golpeados por efectivos de la policía, el domingo 1 de enero, durante la cobertura de protestas ciudadanas.
Por su parte, la representante legal de los periodistas, Raquel Guerrero, informó que está presentando una acción civil contra el Comando Departamental de la Policía para que se identifique a quienes le prendieron fuego al auto del periodista Harold Salvatierra, quien dejó estacionado cerca de esas oficinas policiales, con el fin de que se aplique el resarcimiento correspondiente.
