Informe de HRW constata que Arce no impulsa reforma judicial

La Paz, Erbol 

La falta de impulso de una reforma judicial en Bolivia, acusaciones “desproporcionadas” en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez, uso excesivo de la prisión preventiva, y la violencia contra las mujeres son algunos puntos que cuestiona Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado ayer. En el capítulo sobre Bolivia, HRW señala que el “sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos” de Evo Morales (2006-2019) y de Jeanine Áñez (2019-2020), mientras que el actual Ejecutivo de Luis Arce no ha impulsado una reforma judicial, según reporte de la agencia EFE.

“Tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su Gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo”, indica el documento.

HRW recordó el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, en el que expresó que “la injerencia externa en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data” y que, hasta febrero del año pasado, casi el 50 por ciento y el 70 por ciento de jueces y fiscales, respectivamente, permanecían transitorios.

“Los funcionarios que carecen de estabilidad en el cargo pueden ser vulnerables a represalias, incluido el despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder”, señala la organización internacional defensora de derechos humanos.

Por otro lado, hace referencia a la detención y proceso contra Áñez, quien está en una cárcel desde marzo de 2021, sobre la que “concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio eran infundados y manifiestamente desproporcionados” y su definición “excesivamente amplia”.

Agregó que “no se permitió que Áñez asistiera en persona a su propio juicio”, lo que impidió que la exmandataria interina y su defensa “mantuvieran consultas durante las audiencias” cuando le dieron 10 años de reclusión por el caso denominado “golpe de Estado II”, acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El informe también critica que el Gobierno indicó que ya no se iba a mostrar a personas detenidas ante los medios, pero que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “siguió publicando fotos de personas detenidas en las redes sociales”.

Además, recordó que el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en 2021 en el que indicaba que hubo 37 muertes en el contexto de las protestas por la crisis política y social de 2019.