CC denuncia “criminalización de la protesta” ante relatoría de CIDH
“La criminalización de la protesta social que deriva en la detención ilegal y sin fundamento de la población que se manifiesta es algo repudiable”, señaló CC.
“A esto se suman crecientes denuncias de que el Ministerio Público boliviano obliga a sindicados a cometer delitos en ese contexto a confesar culpas y someterse a juicios abreviados especiales para evitar así su encarcelación”, agregó.
Esta fuerza afirmó que la situación “tan alarmante” que vive el país se dio a raíz de la “detención ilegal” del gobernador de la región de Santa Cruz, el también opositor Luis Fernando Camacho.
CC denunció que en Bolivia hay un “abuso de la imposición de la detención preventiva” y que se ha aplicado “recurrentemente” en casos en los que líderes políticos de oposición “involucrados en protestas sociales” han sido sindicados por delitos “con contenido amplísimo y confuso” como el de terrorismo, como es el caso de Camacho.
Además, en el despliegue policial ante las protestas en Santa Cruz tras la detención de su gobernador se vieron “numerosas acciones violentas, desproporcionales y arbitrarias” por parte de los uniformados en contra de periodistas, manifestantes y líderes políticos, alertó el partido de Mesa.
A esto se suma “la existencia de grupos irregulares que amedrentan protestas pacíficas de forma violenta y con el uso de explosivos, ante la inacción de la Policía”, añadió.
Por esto, CC pidió al titular de la RELE, Pedro Vaca, “su pronunciamiento y visita in loco” a Bolivia.
Hace dos semanas, la Policía ejecutó un polémico operativo para detener al gobernador Camacho y trasladarlo de Santa Cruz a La Paz, en donde un juez dictó cuatro meses de detención preventiva por una acusación por terrorismo, relacionada al llamado “caso Golpe de Estado I”.
La denuncia del caso fue hecha por una exdiputada oficialista a fines de 2020, por las protestas sociales que en 2019 derivaron en la renuncia del entonces expresidente Evo Morales.
Para el oficialismo esos hechos fueron un “golpe de Estado”, mientras que para la oposición las protestas respondieron a las denuncias de un fraude electoral a favor de Morales en los frustrados comicios de ese año.
El martes hubo protestas contra la detención de Camacho en ciudades como La Paz, donde grupos oficialistas atacaron con palos, petardos y pirotecnia a los movilizados, y también hubo agresiones a periodistas.
