Tras las violentas protestas de los bolsonaristas, la policía de Brasil realiza decenas de allanamientos en siete estados
Comenzaron los operativos que tienen como objetivo a los partidarios del presidente Jair Bolsonaro por haber bloqueado carreteras después de su derrota electoral
El operativo fue ordenado por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que también preside la autoridad electoral de la nación. Él es responsable de dos pesquisas a seguidores de Bolsonaro por supuestos actos antidemocráticos y la propagación de noticias falsas sobre las elecciones en las redes sociales.
En un comunicado, el tribunal señaló que la investigación relacionada con las 81 órdenes de allanamiento avanza sellada y la policía explicó que las órdenes se estaban cumpliendo en siete estados y el Distrito Federal. Por separado, agentes de la Policía Federal realizaron 23 allanamientos y al menos cuatro detenciones preventivas en el estado de Espirito Santo relacionadas con noticias falsas electorales, de acuerdo con la policía.
Muchos analistas han manifestado su preocupación de que Bolsonaro estuviera sentando las bases para una insurrección de manera similar a los disturbios registrados en el Capitolio de Estados Unidos.
Por más de tres semanas después de las elecciones del 30 de octubre, algunos de los partidarios de Bolsonaro, que se negaron a aceptar su apretada derrota ante su némesis de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, bloquearon alrededor de 1.000 carreteras en todo el país hasta que la policía federal empezó a desbloquear los caminos.
Los manifestantes que bloquearon las carreteras en el estado de Santa Catarina, por ejemplo, emplearon métodos “terroristas” que incluyeron bombas caseras, fuegos artificiales, clavos, piedras y barricadas con neumáticos incendiados.
Sólo se han registrado incidentes aislados desde que la policía despejó las carreteras allí, aunque subrayaron en un comunicado del 21 de noviembre que la mayoría de los hechos de resistencia ahora se realizan de noche, perpetrados por “hombres encapuchados extremadamente violentos y coordinados” que actúan simultáneamente en diferentes regiones del estado.
Bolsonaro rara vez se ha dirigido a la nación desde su derrota electoral. Después de permanecer alejado de los reflectores durante más de un mes, dio su primer discurso frente a la residencia presidencial el 9 de diciembre, diciéndose el comandante en jefe de las fuerzas armadas y afirmando que toda la población debería trabajar para construir un mejor futuro para el país.
Sus partidarios permanecen acampados afuera de edificios militares en varias capitales estatales, pidiendo la intervención del ejército. La mayoría de las protestas son pacíficas, pero las tácticas desplegadas por participantes acérrimos han comenzado a preocupar a las autoridades.
El 12 de diciembre en Brasilia, la capital, seguidores de Bolsonaro se enfrentaron con la policía después de incendiar varios vehículos y autobuses y presuntamente tratar de irrumpir en un edificio de la policía federal. Nadie fue identificado ni arrestado por la policía en ese entonces, según las autoridades.
El vicepresidente Hamilton Mourão se ha convertido en un vocero del presidente, diciendo en entrevistas con medios locales y una columna publicada recientemente que los manifestantes deben seguir firmes, y condenó los actos violentos.
“El clamor de las protestas que hemos visto desde la proclamación del resultado electoral… es legítimo, por mucho que algunos hayan tratado de catalogarlo como ‘antidemocrático’”, tuiteó Mourão el miércoles.
Los operativos
El objetivo de estos operativos policiales es depurar responsabilidades por los bloqueos en las carreteras que se registraron apenas se supo que Luiz Inácio Lula da Silva se había impuesto en la segunda vuelta de aquellas reñidas elecciones.
Los operativos se han llevado a cabo en ocho estados, siendo los de Espíritu Santo, Mato Grosso del Sur, Paraná y Santa Catarina, aquellos en los que más dispositivos de este tipo han sido desplegados.
Durante los registros, la Policía Federal ha encontrado una quincena de armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto y una ametralladora, además de municiones. La mayoría de este armamento se encontraba e un domicilio en Santa Catarina. Nadie se encontraba en el momento en el que los agentes irrumpieron en el lugar.
Además de registro e incautaciones, De Moraes ha emitido cuatro ordenes de prisión, de las cuales dos se han hecho efectivas, de congelación de bienes y quiebras del sigilo bancario.
Durante la operación se ha retenido a dos conocidos diputados afines a Bolsonaro, como el militar en la reserva Lucinio Castelo de Assumção, conocido ‘Capitão Assumção’, y Carlos Von, ambos en Espíritu Santo.
Por el momento no van a entrar en prisión, pero se les ha colocado una tobillera electrónica y se les ha retirado el pasaporte. De Assumção se ha mostrado como el más radical de los dos, con ataques constantes al sistema electoral brasileño y a los jueces del Supremo, a los que acusa de estar buscando dar un golpe de Estado.
De Assumção ya pasó diez meses en la cárcel cuando instigó una huelga en las filas de la Policía Militar en 2017, mientras que dos años después, como diputado estatal electo, utilizó su espacio en la Asamblea de Espíritu Santo para ofrecer una recompensa de 10.000 reales (unos 1.700 euros) a quien matase al sospechoso de asesinar a una joven, informa el diario ‘O Globo’.
“La Policía ha ido para allá y me cogió el ordenador”, ha confirmado Von, quien ha negado haber participado en “manifestaciones antidemocráticas”, ni haberse pronunciado en contra de la validez de los resultados de las elecciones.
Por su parte, De Assumção ha asegurado que la operación ordenada por De Moraes contra él solo tiene una finalidad “política” para “avergonzarle” ante la opinión pública, ya que a su juicio “no hay mínimos indicios” de su participación en estos actos ni en los ataques al Tribunal Supremo.
