La ONU consideró “totalmente inaceptable” la brutal represión del régimen de Irán a las protestas civiles
El secretario general António Guterres denunció “violaciones masivas de los derechos humanos” en el país persa
“Está muy claro que es totalmente inaceptable la forma en que Irán ha reaccionado a las protestas y estamos asistiendo a violaciones masivas de los derechos humanos que condenamos con firmeza”, señaló Guterres durante una conferencia de prensa.
El jefe de Naciones Unidas aseguró que ha trasladado sus opiniones en más de una ocasión a las autoridades iraníes y subrayó que toda la situación está muy vinculada a la cuestión de la igualdad de género, que es una de sus prioridades al frente de la ONU.
Desde el inicio de las manifestaciones a raíz de la muerte de Mahsa Amini a mediados de septiembre, la organización ha insistido en que Irán debe respetar el derecho a la protestas pacíficas y ha criticado el uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad.
Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, en estos tres meses de protestas han muerto ya al menos 400 personas y se han practicado unas 15.000 detenciones.
Entre los fallecidos hay al menos 44 menores, 34 de ellos por disparos con fuego real en la cabeza u órganos vitales, según Amnistía Internacional (AI).
Además, las autoridades iraníes han ejecutado ya a dos personas condenadas por su participación en las protestas, un movimiento también criticado por la ONU y otras organizaciones internacionales.
Por otra parte, Guterres fue preguntado este lunes por la situación del acuerdo nuclear sellado en 2015 por Teherán y las potencias internacionales, cuya restauración se negocia desde hace meses después de que en 2018 fuese abandonado por el entonces presidente estadounidense, el republicano Donald Trump (2017-2021).
Según dijo, ahora mismo existe un “serio riesgo” de perder ese acuerdo por completo, algo que en su opinión “sería un factor muy negativo para la paz y estabilidad en la región y más allá”.
Por ello, aseguró que la ONU está haciendo todo lo posible para tratar de salvar el acuerdo, a pesar de que tiene pocas competencias en este ámbito.
La semana pasada los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) pidieron al régimen de Irán que detenga “inmediatamente” el uso de la pena capital en respuesta a las protestas.
“El Consejo Europeo (los líderes) condena firmemente las recientes sentencias de pena de muerte dictadas y ejecutadas en el contexto de las protestas en curso en Irán. Pide a las autoridades iraníes que pongan fin de inmediato a esta práctica y anulen sin retraso las recientes sentencias”, señalaron los mandatarios.
Los jefes de Estado y Gobierno se pronunciaron en ese sentido en las conclusiones que adoptaron durante una cumbre celebrada en Bruselas.
Los líderes recalcaron que la Unión Europea “se opone firmemente al uso de la pena de muerte en todo momento y en todas las circunstancias, como una inaceptable negación de la dignidad e integridad humanas”.
Asimismo, los Veintisiete reiteraron su petición a las autoridades iraníes de que detengan “el injustificable uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, en particular, contra las mujeres”.
Tras casi tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos, las autoridades han comenzado a ejecutar a manifestantes para tratar de controlar unas movilizaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres, que piden más libertades.
El 8 de diciembre, fue ejecutado un joven de 23 años, Mohsen Shekari, la primera ejecución de una persona por participar en las protestas. Cuatro días más tarde, fue ahorcado públicamente Majid Reza Rahnavard, también de 23 años, por el presunto asesinato de dos milicianos islámicos, tras ser condenado en un juicio de un día por “enemistad contra dios”.
La ejecución pública es un procedimiento que había caído en desuso en los últimos años en Irán en un intento por mejorar la imagen del país, uno de los principales del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones -la mayoría por delitos de drogas- en 2021, según Amnistía Internacional.
Ambas ejecuciones provocaron un aluvión de críticas a Teherán y ahora se teme por la vida de otros nueve presos que han sido condenados a la pena máxima, la mayoría por “enemistad contra dios”, lo que incluye crear el terror entre la población, dañar bienes públicos y herir o matar a agentes de seguridad.
