A días de la asunción de Lula da Silva, el Supremo de Brasil declaró inconstitucional el polémico “presupuesto secreto”
Se trata de un mecanismo aprobado en 2020 con el que cada año un parlamentario sugiere a los ministerios federales dónde y cómo destinarlo
En dos fallos separados en menos de 24 horas, el tribunal le dio al presidente electo más margen para negociar planes de gasto adicionales con los legisladores, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las entregas de efectivo a las personas de escasos recursos a través del programa social Bolsa Familia, una de las principales promesas de campaña de Lula.
El Tribunal Supremo de Brasil ha votado este lunes con seis votos a favor y cinco en contra declarar inconstitucional las enmiendas al relator, o “presupuestos secretos”, que han servido al Gobierno de Jair Bolsonaro mantener la gobernabilidad dentro de una Cámara de Representantes bien conocida por su clientelismo político.
Los “presupuestos secretos” son un mecanismo aprobado a mediados de 2020 con el que cada año un parlamentario ha ejercido como “relator” en las partidas presupuestarias para sugerir a los ministerios federales dónde y cómo destinarlo.
Se trata de un recurso muy cuestionado ya que viola, tal y como ha fijado el Supremo, los principios de transparencia e impersonalidad que requiere cualquier ley de presupuestos. En los últimos años estos fondos se han repartido sin criterio técnico y han abastecido a entidades locales y regionales aliadas del Gobierno.
En la última semana, el Congreso de Brasil aprobó una resolución para dotar de mayor transparencia a estas enmiendas al relator. Sin embargo, para el juez Ricardo Lewandowski, el encargado de desempatar la votación, la medida, si bien supuso “avances significativos”, estos fueron insuficientes.
Lewandowski ha argumentado que la resolución delegaba en los líderes de los partidos elegir, sin base objetiva alguna, que diputados serían los encargados de gestionar esos fondos y por tanto persisten “los vicios constitucionales”.
Antes de la sesión de este lunes, el pasado jueves, cuatro jueces ya habían votado en sintonía con la presidenta del Supremo, Rosa Weber, encargada del caso, votando a favor de declarar inconstitucional las enmiendas al relator.
En el otro lado de la votación, el resto de jueces aunque votaron en contra de que fueran declarados inconstitucionales, pidieron que siguieran siendo reformados, sobre todo en materia de transparencia, para poder seguir estando en vigor.
Esta modalidad empezó a funcionar bajo el mandato de Bolsonaro, que dejará el poder el próximo 1 de enero, cuando asumirá el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de octubre y opuesto a ese manejo de los presupuestos.
En Brasil, la elaboración de los presupuestos es competencia del Ejecutivo, pero parte de los recursos se reserva para iniciativas o proyectos específicos de los congresistas, que son conocidos como “enmiendas parlamentarias”, muchas veces apoyadas por los Gobiernos a cambio de apoyo parlamentario.
Sin embargo, el Congreso, con el aval del Ejecutivo, modificó en 2019 la forma de distribuir esas partidas y la convirtió en algo opaco, al punto de que no se identifica a los parlamentarios beneficiados, ni se precisa el destino del dinero.
Desde entonces, la prensa local ha ventilado sospechas con proyectos relacionados con ese “presupuesto secreto”, entre ellos casos de contratos con sobreprecios y compras públicas fantasmas.
