Los límites de Lula
¿Qué versión del lider del PT asumirá la presidencia? ¿Qué hará con la economía? ¿Respetará la libertad de prensa? ¿Podrá convivir con las críticas?
Y Lula vuelve al poder a los 77 años, tras 580 días de prisión por corrupción. Liberado en 2021, se benefició de una interpretación de la Supremo Tribunal Federal (STF) que anuló las sentencias al considerar que el Tribunal Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, no era el lugar adecuado para llevar a cabo el juicio.
Bajo la sombra de la decisión del STF, cuya mayoría de jueces fueron designados por él y su sucesora, Rousseff, Lula recuperó los derechos políticos para postularse a la presidencia.
La decisión causó asombro en el mundo jurídico brasileño porque, al anular la condena, desestimó pruebas y evidencias aceptadas por al menos nueve jueces diferentes en tres instancias de la Justicia brasileña, además de la devolución de miles de millones de reales al país por parte de empresas y ejecutivos convictos.
Durante la campaña, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue acusado de ser parte de una serie de sentencias polémicas, la mayoría a favor de Lula y contra el presidente y candidato a la reelección Jair Bolsonaro.
Una vez elegido, la pregunta es ¿cuál Lula asumirá la presidencia?
En 2003 sucedió a Fernando Henrique Cardoso y, a pesar de las críticas a lo que llamaba neoliberalismo, mantuvo la política económica de su predecesor. Logró ser reelegido en 2006, a pesar del escándalo de corrupción por la compra de apoyo a diputados y senadores en el Congreso, conocido como Mensalão y denunciado por un aliado.
El auge internacional de las materias primas, a partir de 2007, trajo enormes superávits comerciales a Brasil y la economía creció con un sentimiento de bienestar, aumento de la clase media y creación de empleo. Todo se perdió en el gobierno de la aliada Dilma Rousseff, quien heredó un Estado inflado por Lula con nuevas y viejas empresas estatales ineficientes. Además, Lula no había aprovechado uno de los mejores momentos de la política y la economía brasileña para realizar reformas estructurales, modernizar la obsoleta infraestructura en el país y aumentar la eficiencia de la educación.
En el campo político, una de las tesis más frecuentes de Lula y del Partido de los Trabajadores (PT) es un proyecto de control de medios y, más recientemente, de Internet. Lo repitió nuevamente en la campaña de 2022. Durante la elección, acciones en el TSE impusieron censura previa a contenidos de comunicación, atentando contra los derechos constitucionales y bloqueando perfiles de sus oponentes en las redes sociales.
¿Qué Lula asumirá en 2023 cuando haya que defender la Constitución y la libertad de expresión y de prensa? ¿Será capaz de convivir con las críticas, naturales en una democracia, o perseguirá a los opositores, cómo hizo en su primer gobierno?
¿Y en la economía? ¿Continuará los buenos resultados del gobierno Bolsonaro, cuyo equipo logró solucionar problemas de la crisis internacional por la pandemia y guerra de Ucrania con política económica interna bien ejecutada, controlando la inflación, con crecimiento del PIB y generación de empleo? ¿O intentará revertir las privatizaciones y las reformas estructurales, como la jubilatioria y la del trabajo, que modernizaron y pusieron a Brasil en el camino del crecimiento sostenible?
En su discurso ante sus simpatizantes en São Paulo la noche del ballotage, el presidente electo no hizo gestos de pacificación a más de 58 millones de votantes que eligieron a Bolsonaro y que rechazan su modelo de gobierno. Tampoco habló de responsabilidad fiscal, el ancla de la recuperación de la país desde la tragedia económica de los gobiernos del PT.
Es difícil decir cómo será el gobierno de Lula a partir de 2023 porque toda su campaña se trató de revivir el pasado, sin anunciar un solo nombre de su futuro equipo, ignorando que Brasil ha cambiado, que el mundo ha cambiado y que la sociedad brasileña avanzó.
Pero Lula tendrá un límite muy claro: deberá que negociar con los Congreso electo, más a la derecha, conservador y que depende cada vez menos del poder ejecutivo.
