Fiscalía sigue procesos contra periodistas y comentaristas que trabajaron en BTV, ahora cita a Diego Ayo
La Fiscalía ha acusado, aparte de Ayo, a los periodistas y comentaristas Andrés Rojas, Gonzalo Rivera, Shirley Gutiérrez, Adriana Gutiérrez y Pablo Llano y exigen entre cuatro y 10 años de cárcel para ellos. Diversos comentaristas han calificado las acusaciones como una persecución contra la libertad de pensamiento. Otra treintena de funcionarios administrativos también están acusados.
Los supuestos delitos son haber contratado a colegas con más salario de una escala para funcionarios estatales y asuntos por el estilo, que la Asociación de Periodistas de La Paz califica como "errores administrativos".
En ese sentido, periodistas de todos los departamentos del país enviaron una carta abierta al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, exigiendo la suspensión de los procesos penales que se instauraron contra los periodistas y comentaristas.
La carta, suscrita por los presidentes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y de las asociaciones de periodistas de los nueve departamentos del país hizo un repaso de los derechos de los periodistas que las acusaciones de los fiscales han violado.
El texto le recuerda a Lanchipa que la Corte IDH (en la Opinión Consultiva OC-5/85) establece que el periodismo es una manifestación "primaria y principal" de la libertad de expresión y, por esta razón, "no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público".
En ese sentido, las asociaciones de periodistas agregan que "los fiscales José Alberto Rodríguez y Junior Flores penalizan el periodismo y a los periodistas porque sus imputaciones usan como excusa supuestos errores administrativos para castigar penalmente a personas que ejercieron/ejercen su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la información en un medio estatal".
También se refirió al tema el investigador para América Latina de HRW, César Muñoz quien señaló al respecto.
Muñoz dijo que "el propio GIEI destacó graves falencias en las investigaciones de los abusos ocurridos en 2019 e instó a la Fiscalía General del Estado a reabrir casos que había cerrado sin una debida investigación. A la fecha, no ha habido justicia para las víctimas de las masacres, violencia y torturas ocurridas a finales de 2019".
En contraste, el representante de HRW mencionó los casos de periodistas que trabajaron en la red BTV y a los que la Fiscalía acusa penalmente por temas administrativos, como haber pagado más a personal contratado de lo que supuestamente establecen algunas escalas.
Criticó la "desproporcionalidad" entre las acusaciones realizadas contra esos periodistas. "Nos preocupan las imputaciones contra periodistas y otras personas que trabajaron en el canal estatal durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez", agregó.
