Comité Interinstitucional presentará proyecto de ley para garantizar redistribución de recursos económicos y escaños hasta 2024
El asesor José Luis Santistevan sostuvo que será el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa quienes definan la fecha del Censo de Población y Vivienda
El Comité Interinstitucional de Santa Cruz se pronunció este lunes en horas de la tarde, un día después del multitudinario cabildo que se concentró en el altar papal. Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), afirmó que el Censo de Población y Vivienda no concluye con el operativo censal, ya que los resultados del empadronamiento permitirán debatir el pacto fiscal, redistribución de recursos económicos, representación parlamentaria, con incidencia directa en transparentar el padrón electoral.
"Fíjense ustedes, el camino que se debe recorrer a partir de un operativo censal, por eso queremos decirles que como miembros del Comité Interinstitucional seguimos trabajando técnicamente", dijo Cuéllar.
José Luis Santistevan, asesor del Comité Interinstitucional, anunció que las próximas horas se presentará un proyecto de ley ante la Brigada Parlamentaria cruceña, donde se exigirá ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convertir el decreto del censo en ley.
Explicó que el proyecto de ley consta de dos artículos. El primero corresponde a la normativa para la aplicación de los datos del nuevo censo, para ser utilizados en la distribución de recursos de coparticipación y escaños.
En ese sentido, el primer término establecido es exigir al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que brinde los resultados oficiales de población hasta septiembre de 2024 para la redistribución de recursos de coparticipación, y como máximo hasta la primera semana de diciembre de 2024, para la nueva redistribución de escaños.
El constitucionalista manifestó que el segundo artículo que tiene el proyecto de ley de la Comisión Impulsora, refiere a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con base a los nuevos datos del censo emitidos por el INE, procederá de manera inmediata a la elaboración del proyecto de ley de nueva composición y distribución de escaños entre departamentos y remitirá a la Asamblea Legislativa para su consideración y aprobación, mismo que deberá ser aplicado para el período constitucional 2025 – 2030.
"Esto asegura el cumplimiento, tanto para la redistribución de recursos y de los escaños para el período 2025-2030, esto daría seguridad jurídica frente a lo que ha venido manifestando el Gobierno, pero que lo hizo por decreto supremo. El proyecto de ley nos garantiza en cierta manera que se cumplirá tanto la redistribución de recursos como la de escaños el 2024", aseveró Santistevan.
Consultado sobre la propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) donde propone la realización del empadronamiento hasta octubre 2023, José Luis Santistevan respondió que la propuesta de la comisión cruceña no establece fecha para ejecutar el censo, ya que eso se resolverá “entre el poder Ejecutivo y Legislativo”.
“Lo que está haciendo el Comité Interinstitucional es asegurar los resultados del censo 2024, tanto para recursos y distribución de escaños”, reiteró el jurista.
Señaló que el Comisión Interinstitucional considera que el censo se debe realizar el 2023 por “mandato del cabildo, pero existe un decreto y será la Asamblea Legislativa la que por ley resuelva la fecha a realizarse.
“Nosotros estamos en la parte medular y es que los resultados del censo, sea el 2023 o 2024, deben ser aplicados hasta fines de 2024 para que sean tomados en cuenta en la gestión 2025-2030”, insistió.
El sábado 12 de noviembre, el presidente Luis Arce Catacora promulgó el Decreto Supremo 4824 que establece la realización del Censo Nacional de Población y vivienda el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos a las regiones en septiembre del mismo año.
Distintas voces de la oposición pidieron que el decreto del empadronamiento sea ley para demostrar garantía. En ese sentido, una de las consultas del cabildo es que los legisladores gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025.
