Alarma en Brasil por el avance del Tribunal Superior Electoral contra los medios de comunicacación en campaña
La Justicia ordenó la supresión de una serie de reportajes y publicaciones de periódicos influyentes por interferir en el proceso electoral siendo supuestamente incorrectos o inapropiados
En pocas semanas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó la supresión de una serie de reportajes y publicaciones de periódicos influyentes por interferir en el proceso electoral siendo supuestamente incorrectos o inapropiados. Así, el TSE ordenó la retirada de 31 posts, entre ellos uno del diario la Gazeta do Povo que vinculaba a Lula con el dictador nicaragüense Daniel Ortega. Sin embargo, Ortega en un mensaje enviado al ex presidente le felicitó por su victoria en la primera vuelta. “Estamos contigo”, le escribió, sin que Lula se distanciara públicamente. Para la Asociación Nacional de Periódicos se trata de una “censura”, mientras que la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación expresó su preocupación porque esta medida coloca al “poder judicial en la posición de decidir lo que un medio de comunicación puede o no publicar”. El equipo de Lula también ha exigido en estas horas la retirada de un reportaje más amplio, siempre de la Gazeta do Povo, sobre las relaciones del candidato con el dictador Ortega. Si para el PT se trata de hechos “falsos”, para la dirección del periódico esta segunda petición de censura pretende “impedir cualquier publicación sobre el tema”.
La tijera del TSE también arremetió contra el sitio Brasil Paralelo, culpable de haber hablado en un video sobre un escándalo de corrupción que involucraba a Lula y a su partido, el llamado Mensalão, un gigantesco esquema de compra de apoyo político con fondos públicos. La misma tijera tocó a la puerta del sitio web O Antagonista, culpable de publicar audios auténticos y sus transcripciones del criminal más importante de Brasil, Marco Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, jefe del principal grupo criminal del país, el Primer Comando Capital (PCC). Según Marcola, “para nosotros Bolsonaro es peor. Lula es un ladrón, pero no se puede comparar uno con otro”. También fueron censuradas las palabras de Mara Gabrilli en la emisora brasileña Jovem Pan. Según ella, Lula había pagado 12 millones de reales, cerca de 2,5 millones de dólares, a un empresario local para no ser acusado de estar detrás de la muerte de Celso Daniel, el alcalde del Partido de los Trabajadores (PT) de Santo André asesinado misteriosamente en 2002. Gabrilli fue vice de Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) en la primera vuelta. Tebet, candidata a la presidencia, quedó en tercer lugar tras Bolsonaro y Lula a quien declaró su apoyo para la segunda vuelta. Un informe del sitio web de UOL sobre algunas transacciones inmobiliarias del clan Bolsonaro con dinero vivo también fue censurado primero por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal (TJDFT) y luego autorizado por el juez André Mendonça del STF.
Ayer, el PT accionó el TSE contra la emisora de radio e tv Jovem Pan por una supuesta “falta de isonomía” en su cobertura electoral, “ampliamente favorable” al presidente Bolsonaro y “adversa” a Lula. El PT pide que se multe a la cadena y que se investigue al propietario, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, “por uso abusivo de los medios de comunicación”.
Este ruido de tijeras asusta al periodismo brasileño, que también ve con recelo la ambigüedad del proyecto mediático de Lula en caso de su victoria. “En su primer mandato, Lula trató de implantar un consejo federal de periodismo para amordazar a la prensa que empezaba a publicar informes sobre la corrupción de su partido, el PT”, explica a Infobae el periodista brasileño Mario Sabino, quien añade: “Si vuelve a ser elegido, intentará una vez más ‘regular los medios de comunicación’, que es un eufemismo de censura”.
Un papel importante lo desempeñaron el STF y el TSE, cuyo presidente Alexandre de Morães inspiró al New York Times un duro artículo titulado “Para defender la democracia, ¿el tribunal supremo de Brasil va demasiado lejos?” El texto se refería a una orden de búsqueda y congelación de activos solicitada el pasado mes de julio por Morães contra un grupo de destacados empresarios brasileños que en un chat privado de Whatsapp comentaron la próxima campaña electoral con memes, posts y una frase, “mejor un golpe de Estado que el regreso del Partido de los Trabajadores”, publicada por la prensa local. Moraes también mandó detener a cinco personas sin juicio previo por la supuesta publicación de posts en las redes sociales que, según él, atacaban a las instituciones brasileñas. También ordenó a los representantes brasileños de las plataformas más importantes, como Facebook, Youtube y Twitter, que eliminaran miles de publicaciones y vídeos. Pero el caso más llamativo es el del diputado del Partido Laborista Brasileño (PLB) Daniel Silveira, condenado en avril a casi nueve años por el STF por un livestream online en el que atacó duramente a Morães. Silveira fue indultado por Bolsonaro al día siguiente de su sentencia.
“Todo empezó con los discursos golpistas de Bolsonaro que sirvieron de pretexto para que los más altos tribunales de Brasil comenzaran a censurar las informaciones de la prensa a partir de 2019, como si cualquier crítica a los jueces o las denuncias contra ellos fueran un ataque a la democracia”, explica Sabino. Para el New York Times, estos son “signos alarmantes para la que sigue siendo la cuarta democracia del mundo”. Es desde cuando se intensificaron los ataques online de los bolsonaristas contra el STF, en 2019, que el Supremo Tribunal Federal a través del entonces presidente José Antonio Dias Toffoli, se dio nuevas atribuciones. Estos poderes le permiten actuar al mismo tiempo como policía judicial, fiscalía y tribunal. En los últimos cinco años, el STF ha producido 505.000 sentencias, frente a los 100/150 casos anuales que maneja su homólogo estadounidense. Para Toffoli, “Brasil está viviendo la misma incitación al odio que mató a personas en la invasión del Capitolio de EE.UU. y las instituciones democráticas deben hacer todo lo posible para evitar escenarios como el del 6 de enero de 2021 que sorprendió al mundo”.
Pero la realidad parece ir en dirección contraria a las justificaciones de Toffoli. Las tijeras del TSE están cortando no sólo las materias más incomodas de la prensa, sino también la posibilidad misma de buscar una verdad. El jueves, Morães prohibió a la Policía Federal continuar la investigación abierta a petición del Ministerio de Justicia y del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) sobre los institutos demoscópicos, sospechosos de actuar como “un cártel para manipular el mercado y las elecciones en conjunto”. Moraes se limitó a desestimar la cuestión hablando de “usurpación de competencias” para “satisfacer la voluntad electoral” del presidente Bolsonaro. Y si Bolsonaro reaccionó con dureza declarando que “Morães gobernará Brasil si Lula es elegido presidente”, la sociedad civil sigue preguntándose por qué debe ser obligada a navegar en un mar de fake news y mensajes electorales de la más baja calidad y se le impide buscar la verdad en un debate público abierto a todos los candidatos y en todos los frentes. En un país como Brasil, que ya vivió el horror de la censura durante los años de la dictadura, cultivar la mentira, como explicó perfectamente Platón en su mito de la caverna, no mata la verdad. Si la verdad consigue finalmente liberarse de sus cadenas, se convertirá en todopoderosa. En resumen, cuando los brasileños se den cuenta de que el rey está desnudo, sea quien sea el rey, es probable que su reacción esta vez sea sorprendentemente dura.
