Presidentes de Argentina, Bolivia, México y Colombia firmaron una declaración de apoyo hacia Cristina Kirchner
Además de Alberto Fernández, de Argentina, suscriben al texto Andrés Manuel López Obrador, de México, Gustavo Petro, de Colombia, y Luis Arce, de Bolivia
“Dicha acusación tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”, expresa el comunicado difundido por redes sociales.
Además, los mandatarios coincidieron en que “el acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”.
“En otras causas que siguen abiertas se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política. Entre ellas, la denominada ‘Causa Vialidad’ resulta emblemática. Allí el tribunal negó a la vicepresidenta poder ampliar su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa”, agregaron.
En el mismo comunicado concluyeron: “Ante esta situación, y habida cuenta de las múltiples irregularidades legales y procesales que rodean estos casos, exigimos que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas. Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos”.
La carta de los mandatarios llega luego de que el fiscal federal Diego Luciani pidiera que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y a no poder ejercer más cargos públicos en su vida al considerarla jefa de una asociación ilícita por la obra pública que recibió de manera irregular el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo en su primera audiencia, el 1 de agosto. A partir de allí desarrolló su acusación contra la ex Presidenta.
Durante su discurso en el Senado, el día después del pedido del fiscal, Cristina Kirchner recordó que el juicio es nulo porque los hechos ya se habían juzgado en otras instancias. Además, la ex jefa de Estado acusó a los representantes del Ministerio Publico de seguir “un guión”, “una ficción”, creada por la oposición y por medios de comunicación.
“Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, introdujo Cristina Kirchner en un discurso transmitido en vivo desde su despacho del Congreso.
