Fiscal Junior Flores acusa a dos destacados periodistas por un supuesto error administrativo y pide su detención
Rojas y Adriana G. autorizaron la contratación de otro conocido presentador de noticias, Pablo Llano, quien obtuvo un honorario de 11.498 bolivianos cuando, supuestamente, debido a no tener título académico, solo debía haber percibido 6.000 bolivianos mensuales. La contratación se dio cuando Rojas y Adriana G. fueron gerente general y gerenta de informaciones, respectivamente, de la red BTV durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El fiscal Eddy Junior acusó penalmente a los dos periodistas y a otros cuatro exfuncionarios administrativos y de la parte legal que autorizaron esa contratación y ahora solicita la detención de los sindicados, agregó ANF (esa agencia publicó las iniciales de los apellidos).
El caso coincide con una declaración del exministro Juan Ramón Quintana, quien dijo recientemente que los medios críticos al gobierno tienen un trabajo propio del "gansterismo" y que son una "cloaca". Hace unos meses el portavoz presidencial Jorge Ricther afirmó que los medios que no son afines al gobierno conforman una "corporación mediática".
La noticia sobre los dos experiodistas de BTV, al divulgarse en redes sociales, ocasionó muestras de solidaridad ante lo que se considera una nueva acción del gobierno contra la libertad de expresión y de prensa. Usuarios de redes sociales lamentaron que un posible error administrativo sea convertido en una acusación penal.
Llano trabajó durante siete meses en BTV durante el gobierno de transición, etapa en la que percibió en total 84.701 bolivianos, que según el fiscal Eddy Junior es "daño económico", causado al Estado.
Rojas y Adriana G. prefirieron no hacer declaraciones ante esta acusación. Ambos tienen una larga carrera como periodistas y destacaron en varios medios de comunicación. Todos los sindicados ya han sido convocados a declarar ante fiscal.
