Tras 11 años de la marcha por el Tipnis, ¿cómo se originó el caso Chaparina?
Luego de la partida de la Octava Marcha, el 2 de septiembre de 2011 comenzó el diálogo en San Borja, pero no llegó a acuerdos. El 4 de septiembre los marchistas enviaron una carta en la que repudiaron la posición inflexible de las autoridades e ingresan a un cuarto intermedio.
Luego, el 9 de septiembre de ese año se reanudó la marcha; el 13 de ese mes volvió a abrirse el diálogo, pero tampoco dio resultados. La movilización indígena continuó el 17 de septiembre y avanzó rumbo a Limoncito.
Caso Chaparina
El 25 de septiembre, después de que colonos afines al MAS bloquearon la carretera, los marchistas por el Tipnis instalaron un campamento para descansar en la población de San Miguel de Chaparina, localidad ubicada a 60 kilómetros de San Borja, en Beni.
Sin embargo, en ese sector se realizó una intervención policial con la participación de al menos 500 uniformados. Los efectivos rodearon el campamento y lanzaron gases lacrimógenos, lo que desató el caos entre los indígenas, publicó la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia.
Al final los subieron a buses y camionetas, incluso se denunció que varias personas estaban sin ropa, maniatadas y boca abajo, apiladas unas sobre las otras, para ser llevadas hasta el aeropuerto más próximo.
Después de la represión de Chaparina, parte de los marchistas fueron llevados a Rurrenabaque y otros huyeron a San Borja. Seis días después, los indígenas, pese a estar lesionados, retomaron la caminata desde Quiquibey.
El 19 de octubre de 2011, la marcha llegó a la sede de gobierno con el apoyo de la población paceña. El 24 de octubre el presidente Evo Morales promulgó la Ley 180 que instituye “intangibilidad” del área protegida.
Así transcurrieron 11 años de la represión a la Octava Marcha de Pueblos Indígenas en Chaparina, un caso de abuso de autoridad y de la fuerza que fue llevado a proceso judicial.
A las 00:30 de este viernes, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz dictó condena contra tres generales de la Policía Boliviana y absolvió a otros dos acusado de los vejámenes cometidos en la represión.
El veredicto fue de dos años y ochos meses de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y allanamiento, vejaciones y torturas y privaciones de libertad.