Pese a avances, observan obstáculos en implementación de la ley del oro
Aunque el proyecto de la Ley del Oro de Producción Nacional es debatido entre el Gobierno y el sector minero, aún no está en tratamiento en la Cámara Baja. Un analista identifica posibles dificultades para implementar la norma en caso de ser aprobada.
El Gobierno ya consiguió una importante victoria en sus intentos para que el proyecto de ley que permitirá al Banco Central de Bolivia (BCB) aumentar sus reservas de oro comprando el metal a los cooperativistas sea debatido en el Legislativo. El fin de semana pasado, el presidente Luis Arce dijo que se acordó con una federación de cooperativistas mineros viabilizar su tratamiento.
La norma que se discutía el año pasado establecía que, una vez que el BCB almacenara todo el oro que considere necesario, los mineros recién podrían venderlo a otros actores. Así, no sólo subirían las reservas internacionales que a la fecha oscilan en 4.500 millones de dólares (de los cuales 2.500 millones son oro), sino que se aplicaría un control más riguroso en la comercialización de este metal.
"El tratamiento (de este proyecto) va a dar como resultado un control de la producción y comercialización", dijo el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio.
La norma ya se debatía en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados a mediados de 2021, pero ante la oposición de las cooperativas mineras esto se paralizó ese proceso.
Obstáculos
El diputado Guillermo Benavidez, presidente del Comité de Minería y Metalurgia, dijo que "el proyecto de ley referido no está en debate". Y acotó: "El tema del oro y sus consecuencias ambientales de explotación ilegal, etcétera, es sumamente complejo y es difícil aventurar alguna opinión sin conocer los acuerdos logrados recientemente (entre el Ejecutivo y los cooperativistas)".
Por otro lado, el analista en Minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, señaló que en dos ocasiones anteriores ya se intentó comprar oro producido de forma local para las arcas del BCB, pero no hubo resultados positivos ya que las comercializadoras del Estado son lentas en comparación a los privados, cobran impuestos y demoran en pagar.
"Esto impidió que se venda el oro de las cooperativas a empresas del Estado para que estas entreguen al Banco Central", dijo Córdova.
El investigador añadió que, en cuanto al tema impositivo, que es otro elemento que está en discusión entre los mineros y el Ejecutivo, lo adecuado sería que se pague un 7 por ciento sobre el valor del oro comercializado, además del impuesto a las utilidades. No obstante, los cooperativistas propusieron sólo un 3 por ciento.
La norma que se discutía el año pasado establecía que, una vez que el BCB almacenara todo el oro que considere necesario, los mineros recién podrían venderlo a otros actores. Así, no sólo subirían las reservas internacionales que a la fecha oscilan en 4.500 millones de dólares (de los cuales 2.500 millones son oro), sino que se aplicaría un control más riguroso en la comercialización de este metal.
"El tratamiento (de este proyecto) va a dar como resultado un control de la producción y comercialización", dijo el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio.
La norma ya se debatía en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados a mediados de 2021, pero ante la oposición de las cooperativas mineras esto se paralizó ese proceso.
Obstáculos
El diputado Guillermo Benavidez, presidente del Comité de Minería y Metalurgia, dijo que "el proyecto de ley referido no está en debate". Y acotó: "El tema del oro y sus consecuencias ambientales de explotación ilegal, etcétera, es sumamente complejo y es difícil aventurar alguna opinión sin conocer los acuerdos logrados recientemente (entre el Ejecutivo y los cooperativistas)".
Por otro lado, el analista en Minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, señaló que en dos ocasiones anteriores ya se intentó comprar oro producido de forma local para las arcas del BCB, pero no hubo resultados positivos ya que las comercializadoras del Estado son lentas en comparación a los privados, cobran impuestos y demoran en pagar.
"Esto impidió que se venda el oro de las cooperativas a empresas del Estado para que estas entreguen al Banco Central", dijo Córdova.
El investigador añadió que, en cuanto al tema impositivo, que es otro elemento que está en discusión entre los mineros y el Ejecutivo, lo adecuado sería que se pague un 7 por ciento sobre el valor del oro comercializado, además del impuesto a las utilidades. No obstante, los cooperativistas propusieron sólo un 3 por ciento.
Temen expansión a áreas protegidas
La diputada de Creemos María René Álvarez denunció que el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) implica una expansión de la minería en áreas protegidas.
Aseguró que el aumento de las reservas internacionales del BCB viene con un alto costo. "La dirigencia minera está llevando reuniones con el Gobierno con el fin de rezonificar las áreas protegidas y expandir la actividad minera atacando, especialmente la Amazonía".
También advirtió la división en el sector minero, pues de las tres agrupaciones de cooperativistas sólo una firmó el acuerdo, otra (Fencomin) lo cuestionó y rechazó, mientras que la tercera (Fecoman) recién se pronunciará.
