Dos vehículos robados en Chile fueron donados al Ministerio de la Presidencia
Por este hecho, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, presentó una querella en contra de Diprove y dos policías de esa dirección debido a las sospechas de falsedad en las certificaciones que emitieron sobre la no existencia de reportes de robo de un camión y una camioneta que fueron robados en Chile y comisados en Bolivia.
“Diprove tendrá que responder por sus certificaciones (...) En segundo lugar, estamos interponiendo una querella por los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad material y uso de instrumento falsificado en contra de Diprove, del sargento mayor José Luis Véliz, técnico de identificación de Diprove Potosí, y del sargento segundo Juan Gabriel Choque, técnico verificador de Diprove Oruro, quienes certificaron que (los motorizados) no tenían reportes de robo”, dijo la autoridad de la Aduana.
Explicó que el 25 de mayo, por medio de un correo electrónico, el representante de la ONG chilena Grupo Búsqueda de Vehículos (GBV), Hugo Bustos, le hizo conocer sobre tres motorizados robados en su país y que gracias a los datos del GPS se los ubicó en Bolivia. Se trata de un camión y dos camionetas que se solicitaba sean entregados a sus respectivos propietarios.
Serrudo señaló que, según la norma, la Aduana no acredita si existe o no el reporte de robo sobre un motorizado comisado, que esa labor le corresponde a Diprove y que será esa instancia la que responderá por la denuncia. La funcionaria explicó que todos estos antecedentes fueron informados a Bustos.
Advirtió que serán estos dos policías denunciados quienes “deberán ver la forma de recuperar” los motorizados donados a la Presidencia y entregarlos a sus propietarios, en caso de que se pruebe que falsearon los datos de la certificación que emitieron.
La presidenta de la Aduana descartó que exista un fallo judicial que establezca la devolución de motorizados y además del pago de una indemnización, dato que también se le hizo conocer a Bustos.
Sobre la tenencia de vehículos reportados como robados en manos de policías y militares, aseguró que “jamás” se hará uso de otro recinto que no sea la Aduana Nacional. “Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen la obligación de entregar a la Aduana todos los comisos dentro de las 24 horas”, remarcó.
Datos de GBV
En su solicitud, el GBV señaló que la camioneta Mitsubishi fue robada en Chile y comisada por la Aduana en Abaroa, presuntamente por no haber pagado un soborno de 3.000 dólares.
Bustos afirmó que en el caso del camión, el propietario inició un juicio contra la Aduana, pero Serrudo negó ese extremo.
Hugo Bustos aseguró que en Bolivia tienen ubicados por el GPS otros 16 vehículos con reporte de robo, en su mayoría sustraídos de forma violenta.
“Actualmente tenemos con rastros de GPS una cantidad activa de 16 movilidades y con ubicación exacta. La mayoría está circulando en el departamento de Santa Cruz y la localidad que le dicen Challapata (Oruro), en esos sectores están marcando”, indicó Bustos.
El investigador sostuvo que el 80% de estos motorizados fueron robados a sus propietarios con “intimidación” y en vía pública; mientras que el 20% fue sustraído de empresas mineras, desde sus oficinas, que en algunos casos están ubicados en Calama.
Hasta el momento se tiene a cinco policías bolivianos implicados en este tipo de robo de autos en Chile y su comercialización en ferias de Bolivia. Uno de los últimos casos fue la del capitán Javier Alberti, quien fue enviado a la cárcel por cuatro meses, en relación a una camioneta que internó al país de forma ilegal y por el cual intentó cobrar 5.000 dólares, según la imputación de la Fiscalía.
400 autos robados
GBV El responsable del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile, Hugo Bustos, informó en mayo que por el rastreo satelital develaron que existen más de 400 vehículos que fueron robados en su país y que la mayoría fueron ingresados a territorio boliviano por siete rutas ilegales en las poblaciones fronterizas de Potosí y Oruro.
Operativo Bustos protagonizó un reportaje de televisión chilena en el que revelaron los nexos de policías de Diprove con los comercializadores de los autos robados en Chile y vendidos en ferias, como Yapacaní, en Santa Cruz. Uno de esos motorizados se encontraba en poder del coronel Raúl Cabezas, quien fue enviado a la cárcel de Palmasola por 180 días.
