En Potosí, de 32 asambleístas, 22 votan por sumarse al proceso penal de las «ambulancias fantasmas»

Potosí, Página Siete Digital 

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí, en sesión ordinaria, resolvió este miércoles aprobar el informe de la Comisión Especial de Fiscalización que, en base a información de la Procuraduría General del Estado (PGE), recomienda adherirse al proceso penal que inició el Ministerio Público en el denominado caso de las “ambulancias fantasmas”. "Colegas asambleístas, los que estén de acuerdo en aprobar el informe número 02 de la Comisión Especial de Fiscalización, con la modificación, la recomendación, de acciones legales correspondientes contra los servidores públicos que participaron en el proceso de adjudicación y contratación de 41 ambulancias", manifestó el presidente de la ALP de Potosí, Marcial Ayali, a lo cual levantaron la mano 22 asambleístas. 

Más tarde, Ayali explicó que desde este jueves iniciarán las acciones que se enmarcan en el informe de la PGE y señaló que el lunes se espera brindar una conferencia de prensa para informar sobre cómo se asumirá el mismo.

“Hoy, el pleno, la mayoría, ha aprobado que podamos, yo como representante legal de esta Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, que pueda tomar acciones que correspondan ante instancias  correspondientes. Desde mañana vamos a trabajar en todas las acciones que correspondan según este informe de la Procuraduría General del Estado”, dijo ante la prensa.

Por su parte, la asambleísta departamental Azucena Fuertes enfatizó que el informe establece que la anulación del contrato impidió ejecutar la boleta de garantía a favor del departamento potosino por más de un millón de bolivianos.

“En este informe hay un elemento nuevo, que establece que no debería haberse anulado el contrato con la empresa, sino más bien ver otras formas de resolución, porque la anulación ha impedido ejecutar la garantía y recuperar 1.457.000 bolivianos para la Gobernación lo que hace presumir que se ha incurrido en un daño económico al Estado”, declaró Fuertes.

Una parte del informe de la PGE señala que: “Existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva, es decir, el Gobernador), el RPC (Responsable del Proceso de Contratación), los miembros de la comisión de evaluación de propuestas y de la comisión de recepción que suscribe como satisfactorio el proceso de invitación, evaluación y recepción”.

La investigación realizada por la Subprocuraduría de Asesoramiento, investigación y producción normativa determinó que el contrato de adquisición fue suscrito entre la empresa Estefals Logistics y el Gobernador Mamani, el 29 de noviembre de 2021.