El mundo discute cómo garantizar justicia ante las atrocidades en Ucrania
Todos ellos insistieron en que los crímenes que se están viendo en Ucrania no pueden quedar impunes si el mundo quiere mantener un atisbo de justicia de cara al futuro.
"Esta es una coyuntura crítica. Las implicaciones son profundas en Ucrania, pero se extienden más allá de Ucrania. Es momento de aferrarse a la ley, de defender la ley. Si no nos agarramos con el mayor respeto a la ley en este momento, no nos quedará nada más que aceptar la desesperanza y el sufrimiento", subrayó Khan.
El fiscal de la CPI, que desde marzo investiga la situación en Ucrania, consideró que está en juego el Estado de derecho y todo el sistema legal internacional.
GRAVES VIOLACIONES
Desde el inicio de la guerra, la ONU ha documentado "graves violaciones" de los derechos humanos y de la ley humanitaria internacional, según señaló Bachelet.
En particular, la expresidenta chilena destacó los numerosos "ataques indiscriminados", prohibidos por esas normas y que pueden suponer "crímenes de guerra".
La oficina de Bachelet ha confirmado hasta ahora la muerte de 2.782 civiles, la mayoría como resultado de bombardeos aéreos, misiles y fuego de artillería lanzados contra zonas urbanas, pero da por seguro que las cifras reales son mucho mayores.
En lugares como Bucha, donde las autoridades ucranianas han denunciado una matanza por parte de fuerzas rusas, la ONU ha documentado ejecuciones sumarias de al menos 50 civiles, incluidos algunos niños y mujeres, según dijo.
También se han corroborado más de 170 casos de aparentes detenciones arbitrarias y desapariciones de funcionarios, periodistas y activistas en zonas controladas por Rusia, mientras que también hay informaciones de prácticas de ese tipo por parte de fuerza ucranianas.
Según Bachelet, la ONU investiga además decenas de denuncias de violencia sexual e informaciones sobre malos tratos a prisioneros.
"La rendición de cuentas por estas violaciones y el derecho de las víctimas a reparaciones debe asegurarse", insistió.
HRW, por su parte, dijo que "el patrón de abusos" que se está viendo en Ucrania "es consistente con los graves crímenes bien documentados de fuerzas rusas en otros lugares como Siria".
"La falta de rendición de cuentas por esas violaciones lamentablemente ha abierto la puerta a lo que está ocurriendo hoy", dijo Ida Sawyer, la directora de crisis y conflictos de la ONG.
A LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Desde el inicio de la invasión rusa se han puesto en marcha varias iniciativas tanto a escala nacional como internacional para tratar de asegurar que los responsables de los crímenes más graves sean llevados ante la Justicia.
Entre otras cosas, la ONU ha creado una comisión de investigación y varios países están colaborando con Ucrania para tratar de recopilar pruebas.
En el caso de la CPI, su fiscal jefe dijo que está reuniendo evidencias y urgió a Rusia a cooperar con las pesquisas si, como dice Moscú, muchas de las supuestas atrocidades que se están viendo son "noticias falsas".
"He enviado tres comunicaciones a la Federación Rusa. No he recibido respuesta, pero voy a seguir intentándolo", dijo Khan, que insistió en que su oficina "no tiene ninguna agenda política" y que su único cometido es buscar "la verdad".
Bachelet, por su parte, opinó que son necesarios cuatro pasos fundamentales: conservar todo tipo de pruebas, un trato decente y exámenes forenses de todos los restos mortales, un recuento efectivo de todas las muertes en el conflicto y el desarrollo de mecanismos para ofrecer reparaciones a los afectados.
La responsabilidad penal de individuos por posibles crímenes de guerra, recalcó, será algo que tendrá que determinarse en juicios justos y con pleno cumplimiento de las normas internacionales.
"Todo país que profesa respeto por los derechos humanos debe asegurar que no se convierte en un lugar de refugio para criminales de guerra. Los responsables deben enfrentarse al arresto en cada puerto y los ucranianos deben tener acceso a los miles de millones de dólares que necesitarán para reconstruir su Estado", añadió por su parte la abogada de derechos humanos Amal Clooney.