La caña de azúcar devora territorio indígena tacana en la Amazonía boliviana
equivale a 173 canchas de fútbol, implica resistir 35 grados centígrados en primavera.
Los habitantes cuentan que la temperatura ha cambiado desde 2016. Aquel año comenzó la deforestación para plantar caña con el fin de proveer de materia prima a la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), estatal ubicada en el municipio de San Buenaventura de La Paz y que colinda con parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana I.
"Antes de que llegara EASBA nadie chaqueaba (desmontar) con máquinas", afirma el corregidor de Buena Vista y uno de los productores de caña, Julio Duval.
No solo el paisaje del territorio tacana cambió, sino el del bosque circundante. Entre 2010 -cuando comenzó la construcción de EASBA- y 2019 se deforestaron 4.573 hectáreas de bosque, según el estudio "Agroindustria y Amazonía boliviana: el caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Cedla)", del agrónomo e investigador Daniel Robinson.
Esa deforestación implicó, por ejemplo, la pérdida de semillas nativas cuyos frutos recolectan los indígenas para uso medicinal y alimenticio.
Efectos negativos
La caña genera ingresos para las comunidades, pero tiene efectos negativos debido a la pérdida de foresta, dice la presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas, Mariane Quenevo.
"Los animales están migrando. Somos afectados porque nos alimentamos de la carne del monte, y para nosotros es un problema que se deforeste más", asegura.
Según "Ingresos económicos en hogares de la TCO Tacana I", de Zulema Lehm, la primera fuente de ingresos anuales de estas comunidades era la venta de fuerza de trabajo, y las actividades basadas en los recursos naturales, que no implicaban cambio en el uso del suelo, llegaban al 52%.
Dichas actividades son el aprovechamiento forestal maderable y no maderable como pesca, caza, turismo y recolección de mieles nativas
EASBA cambió esa lógica. La empresa comenzó a operar en 2017 y le costó al Estado 265 millones de dólares, monto proveniente de tres créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), de los cuales aún no se pagó ni la cuarta parte.
Con esta obra, el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) auguraba el desarrollo no solo de las comunidades del lugar, sino del país. Así se impuso una empresa en medio del bosque amazónico de La Paz.
Las promesas gubernamentales llevaron a algunos tacanas a apostar por la actividad que, confiaban, les daría ingresos prontamente. Buena Vista, que alberga a más de 100 familias, fue la primera comunidad en aceptar la plantación de caña en 2017, y 20 socios se dieron a la tarea de cultivar, lo que, en septiembre de 2021, ya les permitió una tercera zafra.
Esta es una de las cuatro comunidades indígenas que está en el sureste de los predios de la estatal, y una de las ocho comunidades tacanas en las que EASBA proyectó la siembra. El monocultivo está en nueve de las 20 comunidades del territorio, según datos del Consejo Indígena del Pueblo Tacana.
En la zafra de este año se cosecharon 994 toneladas y cada uno de los 20 socios recibió 8.500 bolivianos (unos 1.235 dólares), monto que llega a cubrir solo una parte de sus gastos anuales.
La modalidad con la que participan los actores cañeros es por contrato y alquiler de tierras. Las comunidades ceden una cierta cantidad de hectáreas y EASBA se encarga de desmontar, preparar el suelo, sembrar y cosechar.
El desmonte cuesta a los cañeros 4.000 dólares por hectárea. La deuda de Buena Vista llegó a cerca de medio millón de dólares. "Como la empresa nos ha hecho todo el trabajo de desmonte para la siembra, esta se lleva el 80%", dice Duval.
En "Territorios en transición: análisis de las condiciones de la conflictividad territorial y socioambiental en el Norte de La Paz", de Suzanne Kruyt, se explica que los contratos son de cuatro y cinco años, y el nivel de ganancia de cada productor puede variar considerablemente, dependiendo de la calidad y cantidad de la producción y de las deudas acumuladas.
Duval relata que en su primera cosecha la caña tenía al menos cuatro pulgadas de grosor, pero que en la segunda y tercera fue reduciéndose.
La modalidad fue cuestionada en distintos momentos y por diferentes actores cañeros que ven que la ganancia es mínima. Además, no todos los tacanas que cultivaron vieron los beneficios. Los indígenas de Carmen Tahua, del municipio de Ixiamas, a 83 kilómetros de la planta de EASBA, aún no recibieron ganancias.
Carmen Tahua destinó 171 hectáreas al cultivo. En sus sembradíos, que están muy cerca de las casas, el diámetro de la caña no llega a los ideales nueve centímetros. Mide tres como máximo, así que la empresa rechazó la cosecha.
La producción industrial de caña necesita ciertas condiciones que los suelos del bosque alto no tienen, lo que obliga a aplicar cal y otros químicos, explica Daniel Robinson.
Pese a que en Buena Vista están conscientes de los problemas que trae el cambio de uso de suelo, para 2022 planean sumar 800 hectáreas al nuevo cultivo.
Los efectos de la deforestación alcanzan a comunidades que aún no son parte de la actividad cañera.
Bella Altura -colindante con EASBA- sufre por la ampliación de la frontera agrícola, pues la empresa obtuvo en comodato un área de Limoncito, que era concesión forestal y que los tacanas reclamaban como parte de su territorio.
El artesano Sandro Marupa cuenta que para llegar a la parte de Limoncito que aún no fue intervenida debe viajar cuatro horas en moto, atravesando el área de EASBA, y caminar otras cuatro horas, no sin antes pedir permiso a la estatal para entrar.
"Cuando se estableció el ingenio, nuestros espacios fueron desmontados, justo donde había frutos y material para trabajar", lamenta el tacana que teme por el futuro de su trabajo.
Pese a ello, Bella Altura también se apresta a sembrar caña en 2022. EASBA solicitó en 2019 un nuevo crédito al BCB para producir alcohol anhídrido en otras 8.912 hectáreas de la zona.
Pero ¿cuántas hectáreas ya se deforestaron? La respuesta es de "carácter reservado, secreto y confidencial", según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, responsable de autorizar los desmontes.
