Juristas entregan al relator 7 ejes sobre la subordinación judicial en 3 gobiernos
Los siete puntos
1 El primer eje está relacionado con las “concepciones gubernamentales contrarias al Estado de Derecho”. En el documento, los juristas señalan que a partir de una “lógica progresiva” de la toma del poder se ejecutó un proceso de desinstitucionalización, en la concepción que tales construcciones provenían de un pasado neoliberal que había que destruir a manera de superación.
“En este sentido, el presidente (Evo) Morales y su Vicepresidente, asumieron para sí la tesis de la imposibilidad de apropiar la independencia de poderes, por provenir de la derecha y pretender desmembrar el Estado”, se lee en el dossier.
2 El segundo eje es el “copamiento partidario de la cúpula del Órgano Judicial”. Los juristas indican que en las elecciones judiciales de 2011 y 2017 se aplicó el “procedimiento político de selección a cargo de la mayoría parlamentaria del MAS”, y que con ello “desde el 2012 el Gobierno cooptó, de manera absoluta, la cúspide del Órgano Judicial”.
3 El tercer punto está relacionado con que “las afinidades partidarias se reprodujeron en todo el cuerpo judicial”. El grupo de juristas expresa que los magistrados, nombrados pese a su ilegitimidad electoral (casi todos los postulantes no sacaron más del 6%), fueron posesionados. Agregan que dada su afinidad política partidaria, “consagraron” la subordinación del Órgano Judicial al poder político, agravando la ausencia de eficiencia y profesionalidad en su desempeño y las carencias de idoneidad e independencia, reproducidas desde el 2012 en el resto del cuerpo judicial intermedio (jueces departamentales) y de base (jueces públicos).
4 El cuarto eje es la “precariedad e inestabilidad de la función y carrera judicial”. Entre los puntos que mencionan los juristas está que el año 2006, el entonces presidente Morales procedió a la designación de magistrados de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia), mediante decreto.
Se añade que de manera ilegal, en 2007 se inició un juicio de responsabilidades a magistrados del Tribunal Constitucional por haber declarado la inconstitucional a ese decreto. “Si bien fue desestimado (el juicio), derivó en presiones gubernamentales que ocasionaron la renuncia de 4 de los 5 magistrados dando lugar a que el Tribunal Constitucional deje de desarrollar sus labores jurisdiccionales entre noviembre de 2007 a diciembre de 2009”, se lee en el dossier.
Otro antecedente que se cita en el dossier sobre ese eje data del año 2017, cuando el Consejo de la Magistratura destituyó a 88 jueces sin previo proceso ni evaluación de desempeño, bajo el argumento de que los cargos de jueces eran transitorios, sin considerar que esos jueces eran parte de la Carrera Judicial.
5 El quinto eje es el “apresamiento y enjuiciamiento ilegales de jueces”. El grupo de juristas expresa que la independencia de los jueces también fue gravemente afectada por el accionar ilegal y arbitrario de representantes del Ministerio Público. “Fiscales de Materia que, al no obtener de los jueces detenciones preventivas contra los imputados, instauran acciones penales por supuesto prevaricato”, se indica el informe.
En el documento también se señala que durante el gobierno de transición, presidido por Jeanine Añez, el 22 de mayo de 2020, el juez penal cautelar de la ciudad de La Paz, Hugo Huacani Chambi, fue aprehendido sin que exista una orden expresa y fundamentada expedida por autoridad competente. Ello por haber otorgado “medidas alternativas a la prisión preventiva” a personeros del anterior gobierno. “Con las acciones referidas, los jueces inmediatamente se alinearon al gobierno de ‘transición’, aplicando detenciones preventivas en contra de dirigentes y ex funcionarios del MAS, enjuiciados penalmente”, indica el dossier.
Además, se cita que en el gobierno de Luis Arce se desplegaron acciones que atropellan la independencia judicial. “Así -se agrega en el informe-, se procedió a suspender a la Jueza Penal Cautelar de la ciudad de Sucre, Sra. Ximena Mendizábal el mes de marzo de 2021, por haber dispuesto la libertad irrestricta de Yassir Molina, líder de una agrupación juvenil opositora”.
6 El sexto eje es la “subordinación económica y presupuestaria del Órgano Judicial”. Los juristas manifiestan que la independencia judicial también está gravemente afectada por los “exiguos recursos anuales” que le otorga el Órgano Ejecutivo y su mayoría parlamentaria a la administración de justicia. “El presupuesto judicial es misérrimo, llega apenas al 0,37% en el caso del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, y alcanza sólo al 0,46% para todo el sistema judicial (que abarca además al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia)”, aseguran los firmantes del dossier.
7 El séptimo eje es la secundarización de la Justicia Indígena Originaria Campesina. Los juristas expresan que pese a que en la Constitución esa justicia está reconocida en igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, las acciones estatales legislativas, sentencias constitucionales, decisiones judiciales y resoluciones administrativas del Ejecutivo, “la han secundarizado al extremo de su desconocimiento práctico en contra de la propia Constitución y de los tratados internacionales de la materia”.
Los juristas que suscriben el dossier entregado a García-Sayán son José Antonio Rivera Santivañez, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores Ivanovic, Ramiro Orias Arredondo, Samuel Flores Cruz, Gabriela Sauma Zankys, Juan Del Granado, Marcelo Fernández y Soraya Santiago Salame.
