En su informe preliminar, García-Sayán no menciona a las víctimas del gobierno de Evo
El octavo punto del documento denominado “Graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre de 2019” señala: “Mucho se ha escrito sobre las repercusiones de esta crisis política rodeada de violencia en la que al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas fueron heridas. Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares. Comparto la preocupación de muchos con el contenido y promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, del 14 de noviembre de 2019”.
El GIE halló violaciones a los derechos humanos también durante la administración de Morales, en su última gestión. Al respecto, García-Sayán aseguró que se reunió con las "víctimas de las masacres" que aún esperan justicia.
“Durante mi misión me reuní con las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y de las zona Sur por un espacio de tres horas. Escuché testimonios muy conmovedores. Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla”.
El folio hace referencia a las muertes de dos cívicos en Montero (Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas), de Limbert Guzmán en Cochabamba, de Julio Llanos en La Paz, la emboscada en Vila Vila a activistas y universitarios y el atentado contra mineros cooperativistas en Playa Verde, hechos que fueron consecuencia de acciones de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
En la parte de preguntas de la conferencia de prensa, en al menos tres oportunidades los periodistas le consultaron por qué no hace referencia a las víctimas de fines de la gestión del Morales. El relator se limitó a señalar que los casos deben ser investigados y evitó pronunciarse al respecto.
“Hay víctimas de muchos momentos a los largo de la historia de Bolivia, y cuando yo he puesto el énfasis, como ya los dije en otra respuesta, en 2019 (sobre Senkata y Sacaba), es por la cercanía que hay en el tiempo y por los resultados bastante limitados que tiene hasta ahora la investigación”, aseveró el relator.
Sobre los hechos de vulneración en las últimas semanas del gobierno de Morales, las denuncias quedaron paralizadas, luego de la victoria del MAS en la urnas en 2020 y también fueron liberados los presuntos responsables, según la familia de Mario Salvatierra, el año pasado.
No hay persecución política
El relator de la ONU manifestó que en las reuniones que sostuvo, no le sustentaron elementos que demuestren que en Bolivia existe una persecución política.
“Se ha hablado de persecución política, yo no he tenido entrevistas con alguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política, si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no podría responder con conocimiento de causa”, manifestó
Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y parlamentarios de Creemos tuvieron reuniones con García-Sayán.
Antes de los encuentros adelantaron que iban a presentar la documentación de los casos de persecución en contra de exautoridades del gobierno transitorio, activistas y exjefes policiales y militares.
