Asamblea de La Paz se sumará a la denuncia penal contra el gobernador Quispe


La Paz, Página Siete Digital 
La Comisión Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz afirmó este miércoles que se sumará a la denuncia penal contra el gobernador Santos Quispe, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado. “Como asamblea nos vamos adherir a la denuncia penal, porque no podemos dejar que nuestro gobernador siga actuando de esta manera. No se puede permitir que en estado ebriedad quiera trabajar, por eso está mal administrada nuestra Gobernación y eso todos lo saben, conocen ustedes que hubo choques y hechos de tránsito en vehículos públicos”, indicó el presidente de la Comisión Jurídica de la ALD, Víctor Hugo Castro.

Dijo que con este tipo de actuaciones Quispe vulneró la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, al haber dado mal uso a los ambientes de la Gobernación. Agregó que este tema será debatido por el pleno de la ALD, que se reunirá en las siguientes horas para asumir acciones.

Castro anticipó que se solicitará al Ministerio Público una investigación rigurosa y para ello la Comisión Jurídica estará detrás de toda la investigación.

El asambleísta Lino Mamani cuestionó el comportamiento de Quispe, y afirmó que la autoridad tiene a disposición dos motorizados y chofer particular.

El presidente de la Comisión Jurídica (centro) y el asambleísta Mamani, anuncian la denuncia penal contra Quispe. / Foto: Captura de video

“El Gobernador dispone de dos movilidades, cómo es posible que esté trabajando ebrio, además de que las oficinas no son dormitorios, donde también había varias personas, en su mayoría mujeres. Él no puede sostener una mentira y debe aceptar su culpa. Esto es un abuso de esta autoridad a los bienes del Estado, no puede estar farreándose. Si ha sido encontrado con todas las evidencias, por moral debería dar un paso al costado”, manifestó Mamani.

Ante la consulta de si se destituirá al Gobernador, el asambleísta aclaró que el reglamento de la ALD sólo les faculta para censurar, pero no para destituir. Apuntó que las instancias correspondientes, como la justicia ordinaria, deberán definir si se defiende en libertad o disponen detención preventiva.

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