A cuatro días del inicio de su juicio, Añez dice que el Gobierno usa la «extorsión y guillotina judicial»

La Paz, Página Siete Digital 

Cuando faltan cuatro días para el inicio del juicio oral contra Jeanine Añez por el caso “golpe de Estado II”, la expresidenta interina aseguró que, a diferencia de la gestión de Luis García Meza, cuando se usaban tanques y grupos paramilitares, el actual Gobierno usa la extorsión y la “guillotina judicial”. “Son tiempos muy oscuros de un retroceso abismal en las conquistas democráticas del pueblo boliviano. Como en tiempos de García Meza se ha impuesto la cárcel a quien levante cabeza, proteste o exija el cumplimiento de la ley. A diferencia de los tanques, los grupos paramilitares del Ministerio de Gobierno y la bota militar, utilizan la extorsión, sus grupos de choque suplantando a los verdaderos sectores sociales y la guillotina fiscal y judicial”, escribió en una carta dirigida a la población.

En criterio de la exautoridad, Bolivia no merece que, a nombre de la “élite política masista”, sea sometida a todos los abusos y los atropellos que comete un gobierno que ataca con el poder político y judicial a las personas que defienden la democracia, la libertad y la igualdad ante la ley.

Continuó y señaló que lo que sucede en Bolivia es una época casi medieval y totalitaria que se repite en Nicaragua, en Cuba, Venezuela y en otros lugares del mundo, donde hay presos políticos, quienes luchan desde sus encierros.

“Mi eterno agradecimiento a los hombres y a las mujeres que no nos abandonan, a mis amados hijos, a mis hermanos, a mi madre, a mis abogados y a las personas que me hacen saber y sentir que no estoy sola, que no estamos solos, que luchan día a día contra tantas injusticias, sin pedir nada a cambio. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo permita”, concluyó en su redacción.

Para las 9:00 de este jueves 10 de febrero está fijado el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez por el caso “golpe de Estado II”, referido a su llegada al poder en medio de la crisis de 2019 que golpeó a Bolivia tras las anuladas elecciones presidenciales. Los delitos que se le imputan son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.