Cuestionan ascenso del jefe de Estado Mayor por presunto desfalco del Bono Dignidad
En el sumario se establece una sanción a 13 uniformados. Además del teniente coronel, se dio siete días de arresto a un sargento y a un teniente.
También se sancionó con cinco días de arresto a ocho sargentos y a un subteniente y, por último, se arrestó por tres días a un teniente. La resolución fue firmada por el general de brigada Omar Jaime Salinas Ortuño y se notificó a Zúñiga el 21 de febrero de 2014, de quien figura la firma en el descargo.
Página Siete Digital se contactó con el coronel Zúñiga para conocer su versión y si bien en un principio saludó y prestó atención a la consulta, luego de oír que se le quería preguntar por un proceso disciplinario cambió de opinión, se disculpó, dijo que no estaba autorizado a dar declaraciones y colgó. Este medio le informó que se haría una publicación, pero el militar colgó.
El hecho
De acuerdo con los puntos considerados en la resolución, el sumario fue ordenado por la general Gina Reque Terán, por denuncias de “anormalidades en el proceso de administración de pago del Bono Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y recursos puestos a disposición del Comando del REIM - 23 Max Toledo”.
Un radiograma muestra que en 2013 se instruyó que para el pago de los bonos en zonas rurales deberían organizarse grupos compuestos de tres instructores, un supervisor y dos operadores, que debían permanecer seis días en el lugar de pago. Estos, según instructiva, debían recabar certificaciones de su presencia y el trabajo cumplido de autoridades regionales.
La actividad para los grupos estaba financiada con un pago de 1.200 bolivianos de viáticos para cada miembro, en diferentes meses. Pero el coronel Ramiro Calderón, coordinador de la actividad y superior de Zúñiga, verificó que los militares nunca se presentaron en las localidades asignadas y el pago de esos beneficios se hizo en Viacha, sede de la unidad militar, hasta donde los ancianos se vieron obligados a trasladarse para cobrar su bono.
Sin embargo, se verificó que los militares involucrados presentaron descargos e incluso supuestas certificaciones de las autoridades regionales, documentos que resultaron falsos.
En el sumario no se contabiliza a cuánto asciende el daño económico causado, y los denunciantes sospechan que los militares también falsificaron firmas de los beneficiados y se quedaron con ese dinero. No obstante, en el sumario no se establece ese hecho ni se menciona las razones por las cuales el proceso no pasó a la justicia ordinaria por el presunto robo, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
Oficiales del Ejército, que piden reserva de su identidad, señalaron que en las declaraciones de varios de los implicados se confirmó que la orden para organizar el desfalco vino de Zúñiga y se concretó por medio de los subordinados.
“Este es uno de los varios hechos que tornan ilegal el nombramiento de Zúñiga como jefe de Estado Mayor del Ejército y más aún para el ascenso a generales que se anunció desde la Asamblea Legislativa. Otro punto que hace vergonzoso su nombramiento, es que él ocupa el puesto 48 de su promoción”, sostuvo uno de los oficiales.
Este medio no pudo consultar a Zúñiga por qué el proceso sumario no aparece en su hoja de vida militar. En la ponderación interna del Ejército, el coronel ocupa el puesto 48 de antigüedad (méritos) de los 68 oficiales de su promoción de 1990.
“Antes de la destitución del general Cesar Vallejos (excomandante de las Fuerzas Armadas), se informó de los antecedentes de este militar al presidente Luis Arce. ¿Cuál es el interés de ascender a un oficial que ocupa el puesto 48 de su tanda, sin méritos y que incumple el requisito disciplinario?”, cuestionó uno de los militares.
