Tensión en Bolivia: declararon “persona non grata” al presidente Luis Arce en Potosí al acusarlo de “racista” por no atender las demandas de la región
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) también declaró “enemigo” de ese departamento al vicepresidente David Choquenhuanca, y le dio 24 horas al Gobierno para derogar la Ley 1386 que, según los manifestantes, atenta contra las libertades ciudadanas
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) acusó a los mandatarios de “racistas y discriminadores” por no atender las demandas de la región, y exigió la renuncia del gobernador Jhonny Mamani, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), de acuerdo a lo consignado por el diario local El Deber.
Asimismo, el multitudinario cabildo realizado en la plaza 10 de noviembre dio un plazo de 24 horas para la derogación de las “leyes malditas”.
“Decirle al Gobierno, a nuestras autoridades locales, que se han equivocado con el pueblo potosino, que es digno, rebelde, que no recibe atención. No se vuelvan a equivocar, acá, sí o sí, se tienen que abrogar estas leyes malditas, vamos a poner el pecho, porque no vamos a dejar que haya sometimiento”, dijo el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel.
Los manifestantes aprobaron 10 resoluciones contra el gobierno de Arce y anunciaron la continuidad del paro multisectorial. “Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, que de nada sirvió el diálogo que le hemos pedido, además de ser racistas y discriminadores”, reza la primera resolución del documento.
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Entre esos puntos, exigieron la renuncia del comandante departamental de la Policía, Carlos Mercado, “por no proteger a la ciudadanía y parcializarse con el MAS”. Además, instaron a la Fiscalía a iniciar un proceso penal contra el gobernador Mamani “por el deceso de un ciudadano potosino”: “De lo contrario, la fiscal de distrito, Roxana Choque, debe renunciar a su cargo”.
“Se exige a los miembros de la Asamblea Legislativa restituir los dos tercios para la aprobación de leyes democráticas y constitucionales que favorezcan al pueblo, deben eliminar la mayoría simple”, agrega el documento emitido tras el cabildo en Potosí, en el que el Comcipo también advirtió que no aceptará “ninguna persecución política contra quienes estamos realizando estas movilizaciones”.
En el Parlamento, las bancadas de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) del ex presidente Carlos Mesa y Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentaron un proyecto para la anulación de la ley Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
A esto se suman los pedidos para que el Legislativo consensúe con sectores afectados otras normas polémicas, se restituyan los 2/3 de decisión en los debates y se retire de las calles a los “grupos de choque” del oficialismo en resguardo del derecho a la protesta.
En esa línea, Mesa escribió en Twitter que “Luis Arce ha decidido seguir en el camino de la autocracia, la confrontación y la división” y que “la paz o el enfrentamiento están en sus manos”.
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Por contra, los sectores sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han reiterado su “estado de emergencia” y denunciaron que en Bolivia se gesta un “segundo golpe de Estado” en referencia a los sucesos durante la crisis de 2019.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación “por la creciente violencia” durante las protestas y llamó “a la calma y al respeto de los derechos a la libre circulación, reunión pacífica y asociación”.
Las protestas se han centrado principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, en la que hubo un fallecido por causas que se investigan, mientras que en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Oruro se han relevado a jefes policiales tras incidentes y agresiones en días anteriores.
El Gobierno, por su parte, anunció una “investigación penal” por supuestas dudas en la muerte de un campesino en medio de las protestas por falta de auxilio médico y pese a que la Defensoría del Pueblo señaló que la causa del deceso se produjo por “asfixia mecánica por bronco aspiración”.
En Cochabamba, gremialistas y transportistas marcharon mientras que en algunos puntos de la ciudad se instalaron bloqueos momentáneos que permitían el paso de patrullas policiales y vehículos oficiales.
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“Nos quieren amordazar (con la ley), qué país vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos (...) el Gobierno no está haciendo nada”, declaró a la agencia EFE Alicia, quien pertenece al sector del transporte.
En Santa Cruz, la mayor región del país y principal bastión de la oposición, el paro ha sido acatado con mayor rigor y en la jornada de hoy se abrió un espacio para que las familias pudieran abastecerse de alimentos para retomar luego las movilizaciones.
En tanto que el alcalde de la ciudad cruceña, el oficialista Jhonny Fernández, se presentó ante la Fiscalía para solicitar formalmente su intervención “para evitar los excesos de la Policía”.
Mientras que el alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió al presidente Arce que destituya al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y a su viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, a quienes señaló de no haber actuado frente a las agresiones que se han producido estos días.
La Policía efectuó el relevo de los comandantes departamentales de Chuquisaca, Tarija y Oruro arguyendo “cambios naturales” a pesar de que en esta última región hubo una represión contra un grupo de periodistas que protestaba por garantías a su trabajo.
