La ONU manifestó su preocupación por la militarización y la violencia mapuche en el sur de Chile
Tras la muerte de un comunero en un incidente con miembros de la Armada, la ACNUDH hizo un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales
“La oficina recibió información de la muerte de Jordan Llempi Machacan (23 años) y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas”, dijeron desde el organismo de la ONU a través de un comunicado.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, indicó el jueves que patrullas policiales acompañadas por “efectivos de la Armada y del Ejército fueron emboscadas y atacadas” por un “grupo terrorista” con armas de fuego, “algunas de grueso calibre” en una ruta que había sido bloqueada.
El hecho ocurrió el miércoles pasado en una localidad ubicada en una de las cuatro provincias militarizadas de las regiones de Biobío y La Araucanía, a unos 600 km al sur de Santiago, que desde el pasado 12 de octubre se encuentran bajo estado de excepción, que durará hasta el próximo 11 de noviembre. El presidente de Chile decretó la militarización con el objetivo de contener esta escalada de violencia, donde han sido frecuentes los ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortales.
Piñera ya pidió al Congreso renovar esta medida establecida tras una escalda de violencia.
“Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, afirmó el representante de la oficina de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, quien también pidió una investigación “rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz” de los hechos.
La violencia ha escalado en la región en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones.
Las confrontaciones también sacaron a la luz la presencia del narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales denunciados como montajes por los indígenas.
La Oficina Regional de DDHH de ONU recordó al Estado de Chile que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, “es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente”.
La autoridad de ONU recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.