Chile decretará el estado de emergencia en el Sur del país y enviará militares para controlar la violencia
El estado de excepción se aplicará por 15 días. Llega después de tomas de tierras, actos vandálicos e incendiarios por parte de grupos con reivindicaciones mapuches
Hechos como el ataque incendiario a las Termas de Pemehue en Collipulli el pasado 8 de octubre, la quema de camiones y maquinaria al interior de la Forestal Mininco en Loncoche un día después y la quema de 18 camiones al interior de una empresa en Temuco fueron parte de los argumentos tomados por las autoridades para decretar la medida. A estas acciones se suman las tomas de terrenos registradas en los últimos meses, ente ellas la violenta toma de un fundo en la ruta R-444 en la Provincia de Malleco, que finalizó con camiones incendiados y fuego cruzado entre Carabineros y desconocidos.
En la mayoría de estos hechos han actuado encapuchados con elementos incendiarios y armas, dejando además panfletos alusivos a la causa mapuche y sus demandas territoriales por parte de la organización Weichan Auka Mapu.
Uno de los que celebró la medida, es el senador Francisco Chahuán de Renovación Nacional (RN) quien durante las últimas horas fue quien confirmó la noticia, indicando que “el gobierno entendió que había que terminar con la impunidad de la violencia rural generada en la Macrozona sur. Es por eso que se necesita restablecer el orden, se necesita restablecer la paz social. Las comunidades mapuche estaban cansadas de verse amenazadas por el narcoterrorismo que se esconde detrás de las causas de los pueblos originarios”.
Chahuán agregó que “se lo veníamos pidiendo hace semanas, meses y finalmente el Gobierno entendió que tenía que terminar con la impunidad de la violencia rural generada”. El presidente de RN anunció además que presentarán una querella contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) para que se persigan “todas y cada una de las responsabilidades”.
El decreto de Estado de Estado de Excepción Constitucional es una facultad otorgada al Presidente de la República en caso de grave alteración del orden público o por daño o peligro para la seguridad de la nación y por ley tiene una duración de 15 días corridos que pueden ser prorrogados por otros 15 días. Más allá de ese plazo, se debe contar con la autorización del Congreso para una nueva prorrogación.
