Obras Públicas, en la mira por contrataciones «anómalas»
El pasado 12 de julio, la legisladora denunció que el ministro contrató a A. L. como “coordinador de gestión estratégica y prevención de conflictos”, cargo que no figura en la estructura del Ministerio de Obras Públicas.
Este cargo fue ejercido por A. L. hasta el pasado 28 de mayo, cuando renunció, pero fue otra vez contratado por la dirección jurídica del ministerio. Sin embargo, sus experiencia laboral no cumple con el perfil requerido.
“El primer cargo era político, inventado, y, por tanto, es una designación ilegal. Además, ahora no cumple funciones en las oficinas porque está exento de marcar el biométrico. Llega de Cochabamba unas dos veces a la semana y cuenta con un jugoso sueldo”, explicó la diputada.
El PIE enviado por este caso consta de nueve preguntas sobre las características del contrato de A. L. En ellas se solicita la remisión de la copia actualizada de la planilla de personal y la escala salarial, además de una serie de informes detallados sobre la dependencia, funciones, marcado biométrico y la frecuencia de viajes entre La Paz y Cochabamba del funcionario observado.
Un segundo caso
Entre las contrataciones cuestionadas llama la atención la de la funcionaria J. A. Fue contratada el 8 de enero de este año como un técnico V - auditor junior, dependiente del departamento de auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas. El documento de nombramiento instruye a la funcionaria que se presente ante su jefe inmediato, lo que cumple el 11 de enero.
Un informe de recursos humanos, al que tuvo acceso este medio, dice que la funcionaria J. A. también cuenta con un memo que la libera del marcado de asistencia. El documento hace referencia a largas ausencias respaldadas por el instructivo firmado por el ministro Montaño.
Aunque el nombramiento de J. A. fue firmado el 8 de enero, su declaración jurada ante la Contraloría data del 7 de mayo. En el documento se indica que J. A. trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, empero su nombre no figura en las listas de personal que se publicó en el portal del ministerio el 1 de julio.
El nombre tampoco se encontró en el directorio de auditores inscritos o habilitados por el colegiado nacional del área.
En el padrón electoral figura como militante del MAS y su domicilio se encuentra registrado en Santa cruz de la Sierra.
La legisladora Ferrel confirmó que este caso es uno por los que pedirá mayor información.
“Son muchos casos los que nos llegaron y que están referidos a las contrataciones de personal con distintas anomalías y que requieren ser investigadas”, afirmó la legisladora.
Arias rumbo a su primera citación, en marzo.
Foto: Archivo
Indicó que no se estarían cumpliendo requisitos relacionados a la formación profesional o a la experiencia necesaria para desempeñar ciertos cargos.
“En algunos casos los funcionarios no viven en la ciudad donde trabajan y están exentos de marcar la asistencia en el biométrico y de cumplir los horarios. Son un sinfín de denuncias que caen en el daño económico al Estado”, adelantó Ferrel.
Esta no es la primera vez que se cuestiona a Montaño. En abril el diputado Rolando Cuéllar apuntó al titular por los vuelos observados en el aeropuerto de Chimoré y por no pronunciarse sobre denuncias contra el director de la DGAC, Celier Arispe
La semana pasada, el ministro fue convocado ante la Cámara de Senadores para presentar un informe oral sobre la situación de los aeropuertos del país. Fue aplaudido por los legisladores oficialistas, mientras que el solicitante, el opositor Henry Montero, indicó no estar conforme.
“Que se actúe igual con todos”
La diputada Gabriela Ferrel (CC) dijo que las denuncias deben ser investigadas y sancionadas de la misma forma que se tratan los casos de la gestión transitoria. Puso como ejemplo el caso del alcalde Iván Arias, que está bajo arraigo.
“El anterior gobierno fue muy cuestionado por los casos de corrupción durante la cuarentena, muchos muy similares a los que estamos viendo ahora por la cantidad de denuncias que hay”, sostuvo Ferrel.
Ferrel dijo que recibió una serie de denuncias.
Foto: Prensa CC
Hizo referencia a la denuncia iniciada contra el alcalde Iván Arias, quien durante el gobierno transitorio fue titular en la misma cartera de Estado que hoy dirige Édgar Montaño.
Aunque el proceso contra Arias empezó en 2020, no fue hasta después de los comicios del 7 de marzo que se emitieron las citaciones por dos casos distintos. Estás fueron entregadas en menos de 48 horas.
Una de las demandas tiene que ver con la presunta designación irregular de un funcionario, supuestamente firmada por Arias durante su gestión como titular de Obras Públicas.
El fiscal del caso, Johan Muñoz, indicó que la investigación se abrió a denuncia de la cartera estatal. La causa fue la designación de un ciudadano como director general ejecutivo del Centro de Comunicaciones sin tener el título en economía y Fifanzas.
Montaño fue cuestionado en más de una ocasión.
Foto:Ministerio de Obras Públicas
Por este caso, el 18 de junio, la jueza Claudia Castro determinó el arraigo para el alcalde paceño, además de una fianza de más de 30.000 bolivianos. Como parte de sus medidas sustitutivas a la detención, Arias debe presentarse en juzgados cada 15 días para firmar un registro biométrico.
