Beirut: a un año de la tragedia, la corrupción de la política libanesa continúa obstruyendo la investigación
Distintas organizaciones civiles dentro del país y en la diáspora han colaborado con organismos internacionales que denunciaron a las autoridades políticas libanesas por impedir sistemáticamente con todos los medios a su alcance una investigación transparente
El trágico y evitable hecho dejó como saldo final 271 fallecidos, unos 7.000 heridos y más de 3.000 desplazados por los daños sufridos en sus viviendas. La destrucción fue de tal magnitud que afectó edificios ubicados a una distancia de 15 kilómetros del “punto cero” de la explosión. Sin embargo, un año después de los hechos, no ha habido avances en la investigación que ayuden a esclarecer el evento y las versiones gubernamentales no son creíbles para la ciudadanía ni el mundo civilizado.
La actual crisis política y económica que amenaza con la desintegración del Líbano como estado ha relegado la investigación de la explosión a niveles escandalosos en los que hasta hoy nadie ha dado una explicación creíble desde la política o la justicia. No obstante, nadie duda dentro del país de la responsabilidad del grupo político-terrorista Hezbollah en el almacenamiento del material prohibido que produjo la explosión y dio lugar a la tragedia, excepto los funcionarios de gobierno sometidos al poder de Irán y Siria y sus grupos políticos militantes locales e internacionales afines.
Sin embargo, esa misma dirigencia política y sus militantes pro-iraníes y pro-sirios, los mismos que en el pasado han recurrido a la propaganda a través de las mismas organizaciones -que hoy desacreditan- para inculpar a Israel y Occidente por todos los males del país, hoy descalifican a Naciones Unidas, AI y HRW, quienes denunciaron los reiterados esfuerzos de las autoridades gubernamentales libanesas durante todo el año para bloquear y distorsionar una investigación transparente a efectos de proteger a los responsables de la tragedia. Por ese accionar del gobierno libanés y sus grupos militantes es que la investigación fue distorsionada y neutralizada para no alcanzar ningún progreso en el esclarecimiento de responsabilidades sobre los hechos.
La investigación por la explosión del puerto de Beirut padeció los primeros obstáculos del gobierno libanés cuando éste intercedió ante el Tribunal de Casación Penal para destituir -el 17 de febrero pasado- sin dar ninguna explicación razonable al Juez a cargo de la Instrucción, el Dr. Fadi Sawan; aunque quedó claro que el motivo de la destitución se produjo porque Sawan pidió el desafuero y citó a declaración indagatoria al Primer Ministro Hassan Diab, al ex ministro de Finanzas, Alí Hassan Khalil y los ex ministros de Asuntos Públicos, Ghazi Zeitery y Youssef Fenianos, todos por su indubitable responsabilidad en los hechos que se investigan. Al mismo, tiempo, el juez Sawan había convocado a prestar declaraciones testimoniales a varios funcionarios políticos.
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Así, la investigación pasó de forma irregular a un Tribunal de Casación, sin terminar la etapa del proceso de instrucción y la acusación fiscal no fue tenida en cuenta. Luego se dijo que se nombraría un nuevo juez de Instrucción que -supuestamente- tendría la causa bajo su órbita, pero que no podría solicitar el levantamiento de inmunidad (o desafuero) de varios parlamentarios e interrogar sobre los hechos a altos funcionarios de los servicios de seguridad.
Mientras esto acontecía, Najib Mikhati fue nombrado recientemente como primer ministro aunque de momento no ha podido formar gobierno. La primera declaración pública de Mikhati fue que “sus manos están limpias” en materia del informe del juez Fadi Sawan sobre la explosión y al igual que Hassan Diab acusó a Sawan de violar la Constitución por solicitar el desafuero de funcionarios.
Lo sorprendente es que en los últimos seis años, las autoridades judiciales, aduaneras y de las fuerzas de seguridad habían avisado al liderazgo político de la peligrosidad de los materiales almacenados. En esos seis años han pasado cuatros primeros ministros: Najib Mikhati, Tammam Salam, Saad Hariri y Hassan Diab. Lo que genera suspicacias es que solo Diab, un ex diplomático que viene de ser embajador en Alemania y no de la política, sea hoy el único acusado oficialmente dentro del expediente penal en el que el juez Sawan había incluido a todos los ex primeros ministros.
Un documento emitido recientemente por la oficina de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África indica que la tragedia fue una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia, que provocó una destrucción jamás vista después de la Segunda Guerra Mundial sobre civiles en zonas urbanas.
El documento también reclama a las autoridades libanesas por su promesa incumplida en materia de una investigación transparente y rápida sobre los hechos e indica que ha sucedido todo lo contrario, ya que el mismo gobierno obstruyó impúdicamente el curso de la justicia y ocultó información sobre el curso de la investigación a los sobrevivientes y familiares de las víctimas que exigen justicia y conocer la responsabilidad penal de aquellos que almacenaron -en áreas urbanas- los productos químicos prohibidos.
Amnistía Internacional había dicho a principios de año, por medio de un comunicado, que “el gobierno libanés fracasó trágicamente en la protección de la vida de sus ciudadanos, al igual que ha fracasado durante años en la protección de los derechos socio-económicos básicos de su pueblo”.
Para Amnistía, el gobierno libanés bloqueó deliberadamente el trabajo del juez de instrucción cuando éste intentó convocar a funcionarios políticos y denunció que, ante la magnitud de la tragedia, es imposible no indignarse al ver hasta donde está dispuesta a llegar la dirigencia política libanesa para protegerse de la investigación y ocultar a los verdaderos responsables para liberarlos de la persecución penal.
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Sin embargo, el mayor golpe a la investigación que expuso el entramado de corrupción gubernamental surgió de documentos filtrados que llegaron a manos de Amnistía Internacional a través de una ONG francesa que dijo haberlos obtenidos de fuentes políticas libanesas. El documento permite inferir que las autoridades aduaneras y de seguridad habían advertido al menos en seis oportunidades en los últimos cinco años a varios gobiernos anteriores sobre la peligrosa acumulación de productos químicos inflamables en el puerto.
No obstante, ni el presidente Michel Aoun ni sus ministros adoptaron algún tipo de temperamento al respecto por indicaciones de un grupo político armado dentro del país. Todos los libaneses saben que el único grupo político armado dentro del país es Hezbollah, de allí que el presidente de la República, un aliado del grupo chiíta, no haya hecho nada al respecto más allá de ser consciente del peligro que ese material encarnaba para los ciudadanos que vivían en la zona donde finalmente se produjo la explosión. Allí también se encuentran las razones por las que se busca inculpar únicamente a las autoridades aduaneras y portuarias.
Mientras ello ocurre y las familias de las víctimas continúan deambulando en búsqueda de justicia, diputados y funcionarios del gobierno continúan sosteniendo que disponen del derecho “a la inmunidad judicial” amparándose en sus fueros parlamentarios y se niegan a comparecer ante la justicia en lo que configura la misma estrategia judicial utilizada de forma reiterada en el contexto de los procedimientos penales, los indultos y la amnistía general emitida en los años de la post-guerra civil en Líbano, los que también cobijaron y confirieron blindaje y protección a todos los políticos y líderes tribales sospechados de haber cometido crímenes gravísimos durante la guerra para evitar ser juzgados por las normas del derecho internacional, con lo cual se le negó la justicia a miles de víctimas de la clase política y los crímenes cometidos por ella durante los años de la confrontación civil.
Lo cierto es que la concesión de inmunidad a los funcionarios políticos que se amparan en sus fueros contradice de forma directa las obligaciones del Líbano en virtud del Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas suscripto en 2016, que tiene como objeto proteger el derecho a la vida, promover la justicia y la rendición de cuentas por las muertes de civiles.
El protocolo de Minnesota especifica la ocurrencia de muerte potencialmente ilegal cuando el estado no cumple con sus obligaciones de proteger la vida. En estos casos, el estado tiene el deber de perseguir penalmente a los perpetradores quitándoles fueros -si los tuvieran- que les brinden impunidad emergente de la política y descartando una amnistía general. Por ello, Amnistía Internacional dio a conocer nuevas acciones contra el gobierno del Líbano, como por ejemplo el envío de una carta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como parte de una coalición de varias organizaciones libanesas pidiendo una misión de investigación internacional de un año, para investigar la explosión de Beirut. La carta destaca las fallas de procedimiento que viciaron e impiden al Líbano cumplir sus obligaciones internacionales para brindar reparación y soporte a las víctimas dada la injerencia de la República Islámica de Irán y Hezbollah.
Las movilizaciones y protestas de los sobrevivientes y las familias de las víctimas en el primer aniversario de la tragedia han sido un claro recordatorio de lo que está en juego. Su dolor e impotencia se han agravado por el accionar de las autoridades que les han negado reiteradamente su derecho a la verdad y la justicia haciendo todo lo posible para blindar con un manto de impunidad a los responsables de los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha comenzado a trabajar para atender el pedido de los familiares de las víctimas y activar de forma urgente una investigación que determine si la acción u omisión estatal causó o contribuyó a las muertes y los pasos a seguir para garantizar justicia de forma efectiva a las víctimas. La investigación se pondrá en marcha a finales de agosto. No cabe duda que a la cadena de corrupción y vergüenza del gobierno libanés y su clase política, este caso puede resultar una bisagra efectiva y dura para los funcionarios políticos que han llevado al país al umbral de la desaparición como estado por sus crímenes impunes y el favorecimiento del terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.
