Mesa alega que el caso "golpe" es montado y se acoge al silencio
Mesa ratificó que el caso no tiene ninguna base de legalidad porque están vigentes dos leyes: 1266 “Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales” de 24 de noviembre de 2019; y 1270 “Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas” de 20 de enero de 2020.
“Ambas leyes reconocen como constitucionales los mandatos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, indicó.
Mesa indica que el caso se fundamenta en hechos falsos porque en Bolivia en 2019 se produjo un fraude electoral, documentado por la Auditoria de la Organización de Estados Americanos respaldada por la Unión Europea, que fue pedida expresamente por el gobierno de Evo Morales.
El exmandatario asegura que el proceso se basa en la manipulación de pruebas aparentes sobre declaraciones de personas que están sometidas a la presión carcelaria y fiscal, y con “relatos extraídos de la lectura de libros y no como testimonios directos de hechos que protagonizaron o a los que asistieron”.
El caso, según Mesa, “pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y convertirse en un elemento de manipulación de ‘pruebas’ y de ‘forzadas autoincriminaciones’, para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio de oposición, como lo hizo el anterior gobierno de Evo Morales y lo quiere hacer el actual gobierno de Luis Arce”.
El MAS busca convertir el proceso en un “martillo fiscal y judicial” contra opositores, dijo.
“No voy a convertirme en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente”, aseveró.
