Luis Almagro solicitó suspender la participación de Nicaragua en la OEA tras las arbitrarias detenciones a dirigentes opositores
El secretario general del organismo indicó que en el país centroamericano se ha producido una “ruptura del orden constitucional” a través de la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la oposición de cara a las elecciones presidenciales de noviembre
En concreto, Almagro pidió “al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (...) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.
Dicho artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido “una ruptura del orden democrático” y que “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.
En una carta que remitió al presidente del Consejo Permanente, el embajador Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, Almagro citó “una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales”.
El régimen de Ortega ha detenido en los últimos días a cuatro aspirantes a la Presidencia en las próximas elecciones en las que el mandatario busca la reelección.
A raíz de las protestas antigubernamentales de 2018 en Nicaragua, Almagro inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática con el inicio de gestiones diplomáticas.
Hace justo un año, el ex canciller uruguayo ya pidió al Consejo Permanente que declarase una ruptura del orden democrático en el país centroamericano, lo que llevaría a su suspensión.
Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).
En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados: Cuba y Honduras.
La OEA se sumó en las últimas horas al gran rechazo de la comunidad internacional contra la persecución del régimen sandinista contra la oposición nicaragüense.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles a Nicaragua la liberación de los líderes de la oposición que han sido detenidos y la restitución de sus derechos políticos.
“El secretario general está muy preocupado por los recientes arrestos y detenciones, así como por la invalidación de candidaturas de líderes de la oposición en Nicaragua”, dijo el vocero de Guterres, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.
Según Dujarric, el jefe de Naciones Unidas considera que estos acontecimientos “pueden minar seriamente la confianza en el proceso democrático de cara a las elecciones generales de noviembre” y ve necesario un acuerdo amplio para que haya una participación “creíble e inclusiva” en esos comicios.
Guterres llamó además a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) también se sumaron al repudio.
Los organismos informaron que “condenan categóricamente la persecución penal en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, que hicieron públicas sus aspiraciones para competir por la presidencia en las elecciones generales convocadas para el próximo 7 de noviembre”.
“La CIDH y la OACNUDH resaltan que la persecución penal en contra de los precandidatos y la precandidata de la oposición presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial, así como otras garantías del debido proceso”, se informó en un comunicado.
En tal sentido, “la CIDH y la OACNUDH instan a las autoridades de Nicaragua aliberar de inmediato a todas las personas detenidas en el marco de estas investigaciones, a garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos, en particular, de todas las personas que aspiran a concurrir para cargos de elección pública y de los y las votantes para que se les permita escoger libremente la opción de su preferencia”.
Por su parte, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Las medidas punitivas alcanzan “a cuatro personas que apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Las personas incluidas en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EEUU son Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Ortega y coordinadora de la Comisión de Economía Creativa; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada.
La primera detenida fue Cristiana Chamorro, prima de Juan Sebastián, hija de la ex mandataria Barrios de Chamorro y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.
Tras ella fue arrestado también Arturo Cruz, embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. Fue retenido el sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por EEUU, informó su equipo de prensa.
El tercer arrestado fue el dirigente opositor y candidato presidencial Félix Maradiaga Blandon. En un comunicado, la Policía Nacional informó que fue acusado de una serie de delitos como “desestabilización”, “proponer bloqueos económicos”, “aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua” y “lesionar los intereses supremos de la nación”.
El martes, la Policía Nacional nicaragüense informó que detuvo también al economista José Adán Aguerri Chamorro, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, y a la dirigente opositora Violeta Granera