Caso Odebrecht en Perú: el juez rechazó el pedido del fiscal para que Keiko Fujimori vuelva a prisión
La dirigente de Fuerza Popular no podrá reunirse con sus colaboradores ni contactarse con testigos del caso
El juez Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, declaró infundado el pedido de la Fiscalía pese a reconocer que Fujimori incumplió las normas de conducta que le fueron impuestas cuando fue puesta en libertad en abril de 2020.
Sin embargo, el juez indicó que no aceptaba el pedido para que regresara a prisión pues no se había hecho oficial ningún “apercibimiento” judicial sobre este tema a la candidata presidencial, tal y como exige la norma.
En ese sentido, Zúñiga decretó también que Fujimori deberá seguir “un cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas” que se le dictaron cuando salió de prisión y advirtió severamente que “de no hacerlo se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra”.
El magistrado también subrayó que, pese a lo dicho por la abogada defensora de Fujimori, Giuliana Loza, las prohibiciones incluyen ponerse en contacto con cualquier testigo vinculado a los casos por los que es investigada, entre los que se encuentran Miguel Torres y Lourdes Flores.
Torres y Flores figuran entre los más estrechos colaboradores de la candidata en su pugna por la anulación de más de 200.000 votos emitidos en las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio.
El fiscal del equipo especial ‘Lava Jato’, José Domingo Pérez, había solicitado el pasado 11 de junio la detención preventiva de Fujimori, al considerar que habría violado los términos de su libertad condicional.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6NYP7OMTBGPOC6VO472KWEBGRY.jpg%20420w)
La Fiscalía reprocha además a Fujimori que “incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos, pues se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”.
Fujimori, que perdió la votación ante Pedro Castillo por algo más de 40.000 votos, denunció la existencia de “fraude en mesa” y de “irregularidades generalizadas” por parte de su rival, sin haber aportado sin embargo ninguna prueba fehaciente de sus acusaciones.
Torres y Flores han sido piezas claves en su campaña para buscar que la opinión pública y el Jurado Nacional Electoral (JNE) asuman las tesis de este “fraude”.
En marzo pasado, tras más de cuatro años de pesquisas, la Fiscalía peruana pidió la apertura de un juicio oral y una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la líder de Fuerza Popular por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Por este caso, Fujimori ya ingresó en prisión preventiva por más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir pocos meses tras una apelación y luego volvió a la cárcel por otros cinco meses en 2020.
En abril de 2020 fue liberada bajo medidas judiciales restrictivas por el riesgo de contraer covid-19 que implicaba su estancia en prisión.
Sólo una victoria en las elecciones presidenciales del pasado día 6 evitaría que Fujimori vaya a juicio por esos delitos.
Aún las autoridades electorales peruanas deben revisar los pedidos de nulidad impulsados por Fujimori para que puedan declarar un ganador.
Hasta la fecha, la mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas por el fujimorismo en esa maniobra legal para revertir los resultados electorales han sido rechazadas por los jurados electorales por defectos formales, pero también por que no existe prueba alguna que sustente tal pedido.
