La Fiscalía boliviana también acusa a Jeanine Áñez por delitos previos a su gestión como presidenta interina
A pesar de que la dirigente denunció la falta de pruebas desde la prisión donde la han confinado, la Procuraduría insiste en fortalecer el cerco judicial en su contra
La Fiscalía asumió esa determinación por el pedido de “ampliación de la investigación” que le hizo la Procuraduría General del Estado de incorporar las figuras de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, declaró a los medios el fiscal General del país, Juan Lanchipa.
Este proceso se enmarca en la denuncia que la ex diputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Lidya Patty presentó en noviembre pasado por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis política y social que afrontó el país a fines de 2019.
A partir de ello se abrió una investigación en el llamado caso “golpe de Estado” para establecer responsabilidades de las protestas sociales que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, y que en el MAS consideran que fueron provocadas, y que se produjo tras las denuncias de fraude en los comicios de ese año.
Entre los principales denunciados en ese caso están el ex líder cívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho, ex jefes militares y policiales aunque luego la denuncia se amplió a Áñez y a varios de sus ex ministros como los de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.
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A raíz de ese caso, Áñez, Coímbra, Guzmán y algunos militares guardan detención preventiva en cárceles de La Paz.
Esta acusación se basa en delitos supuestamente cometidos por Áñez y algunos de sus colaboradores antes de que asuma la Presidencia del país de forma interina, por lo que el caso se lleva en la justicia ordinaria y no en un juicio de responsabilidades previsto para ex mandatarios.
Además, el Ministerio de Justicia planteó cuatro proposiciones acusatorias contra la ex jefa de Estado por acciones que asumió durante su Gobierno y que podrían derivar en juicios de responsabilidades ante el Parlamento.
Sobre estos juicios, Lanchipa mencionó que se está tramitando “una ampliación de plazo para la presentación de requerimiento conclusivo” que debe entregarse al Legislativo tras varias de las gestiones realizadas.
El pasado martes, la ex presidenta interina emitió un comunicado en sus redes sociales por los 65 días de su detención en el que consideró que “no han presentado una sola prueba” que le vincule “a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo”, declarándose “presa política”.
En los días posteriores a su detención, Bolivia atravesó por un clima de polarización en el que hubo manifestaciones en defensa de Áñez que denunciaron una supuesta manipulación judicial por parte del Gobierno y otras que señalaban que su encarcelamiento fue un acto de justicia por las muertes de civiles en 2019.
